Las próximas semanas serán decisivas para el gobierno británico, encabezado por Andy Burnham, quien deberá resolver si autoriza dos proyectos de perforación en el mar del Norte que generaron un intenso debate dentro del Partido Laborista. El dilema enfrenta los compromisos climáticos del partido con la urgencia de reforzar el suministro energético local y aliviar el peso de las facturas domésticas.
La discusión se centra en los yacimientos Jackdaw y Rosebank. El primero, de gas, se ubica al este de Aberdeen, mientras que el segundo, enfocado en petróleo, se encuentra al oeste de las islas Shetland. Ambos proyectos recibieron luz verde bajo el anterior gobierno conservador, pero fueron frenados por un fallo judicial escocés que cuestionó la falta de consideración sobre las emisiones indirectas de carbono.
Adura, fruto de la fusión de las operaciones offshore de Shell y Equinor, detenta la propiedad total de Jackdaw y la mayoría en Rosebank. Según Matt Cooper, vicepresidente de Rystad Energy, “para Jackdaw, toda la infraestructura está ahí, los pozos están perforados, está listo para operar y podría funcionar en cuestión de meses”. Cooper subraya que, si se autoriza pronto, “Jackdaw estaría listo en el momento perfecto para la temporada de invierno, cuando se necesita más gas”.
La consulta pública sobre ambos proyectos concluyó el lunes, y ahora el Ejecutivo debe decidir si mantiene el veto laborista a nuevas licencias o cede ante la presión por mayor autosuficiencia. “Dentro del laborismo, algunos apoyan la perforación por seguridad de suministro y asequibilidad, mientras otros valoran los empleos que asegura”, explicó Jill Rutter, del Institute for Government. Para otro sector, “lo más importante es el compromiso con el objetivo de emisiones netas cero”, añadió.
El primer ministro Burnham reconoció recientemente que el país “no puede ignorar” sus reservas de hidrocarburos, en aparente contraste con la promesa electoral de 2024 de no conceder nuevas licencias de explotación. La oposición conservadora y el presidente estadounidense, Donald Trump, también presionaron para ampliar la producción local, manteniendo el tema en el centro del debate político.
La pregunta central para los hogares británicos es si la puesta en marcha de Jackdaw y Rosebank aliviará el coste de la energía, que aumentó tras los conflictos en Ucrania y Medio Oriente. “Si aumentas el suministro de gas británico, todo lo demás igual, debería reducir el precio”, señaló Cooper. No obstante, admitió que el efecto real sería limitado, ya que los precios nacionales dependen en gran medida de los mercados internacionales, lo que deja a las tarifas sujetas a vaivenes externos.
El gas extraído de Jackdaw se integraría en la red británica y reduciría parte de las importaciones de gas natural licuado (GNL), mejorando la autosuficiencia nacional, según James Reid, analista de Wood Mackenzie. Sin embargo, Reid matizó que los volúmenes previstos tienen “escala modesta” respecto al mercado global.
La incidencia en el recibo eléctrico también sería marginal. En el Reino Unido, el precio de la electricidad suele fijarse por el coste de las centrales de ciclo combinado a gas, que son las últimas en entrar en funcionamiento cuando la demanda crece. Los consumidores sólo percibirían un alivio si el gas nacional desplazara importaciones más costosas. Para que los proyectos reduzcan de forma significativa las facturas o impulsen la inversión en energía limpia, el gobierno debería crear mecanismos específicos para redistribuir parte de los ingresos generados, advirtió Rutter.
En términos de emisiones, el desarrollo de estos nuevos campos tendría un impacto neutro si el consumo británico de gas y petróleo permanece estable. Reid apuntó que, en la fase de extracción y transporte, sustituir parte del LNG importado por gas de Jackdaw podría incluso ser menos contaminante, ya que “la licuefacción, el transporte, la regasificación y la incorporación a la red generan más emisiones que la producción en el mar del Norte”.
Sin embargo, los defensores del medio ambiente advierten que incrementar la oferta de combustibles fósiles puede incentivar el consumo y retrasar la transición hacia fuentes limpias. La ley británica obliga a considerar las emisiones indirectas, conocidas como Scope 3, al evaluar proyectos de este tipo. Por ello, Jackdaw y Rosebank deben presentar de nuevo sus informes de impacto ambiental para obtener la aprobación definitiva.
El futuro de ambos yacimientos, y la política energética del Reino Unido, dependerán de la decisión que tome Burnham tras el periodo de consultas. El desenlace será un test crucial para el liderazgo laborista y su equilibrio entre economía, clima y política internacional.
(Con información de AFP)
