La resolución publicada en el Boletín Oficial este miércoles respecto a la apertura de talleres particulares que puedan realizar las Revisaciones Técnicas Obligatorias (RTO) para todo tipo de vehículos en la República Argentina, recibió en pocas horas el primer revés por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que ya había adelantado dos meses atrás su decisión de no adherir y ahora, con la entrada en vigencia de la norma, lo reafirma en el mismo sentido.
Así lo hizo saber Martín Marinucci, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires a Infobae, al señalar que la desregulación “no impacta en la provincia porque es Ley y eso es algo autónomo. Todo vehículo registrado en provincia de Buenos Aires tiene que tener vigente la VTV de la provincia de Buenos Aires. No adherimos al decreto que sacaron en su momento”, señaló.
El funcionario dijo además que “pero poco se dice sobre cómo se va a garantizar que los controles sigan siendo rigurosos y confiables”, antes de hacer hincapié en que “la VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos”, señaló.
De este modo, la iniciativa liderada ideada por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, no aplicará para los usuarios con sus vehículos radicados en la provincia de Buenos Aires, quienes deberán seguir realizando la VTV en los plazos vigentes y en las sedes de las plantas ya existentes en todo el territorio provincial.
“Si un auto hace la VTV en un taller particular o un concesionario habilitado por esta nueva normativa dentro de la provincia de Buenos Aires, un control de tránsito le podrá labrar una infracción o incluso retenerle el vehículo por no estar de acuerdo a derecho provincial”, aseguraron fuentes cercanas a la dirección de transporte provincial.
“Mientras no se modifique la Constitución Nacional, que le da autonomía a las provincias, ninguna ley o decreto le impedirá a cada jurisdicción decidir sobre sus normas de tránsito. Si una provincia quiere apoyar una reforma nacional como la de los peajes o de alcoholemia, puede hacerlo, pero si no está en la voluntad de un Gobierno provincial de adherir a un cambio propuesto por la Nación, nada lo obliga”, explicó la misma fuente.
La polémica surgió a raíz del texto que original del decreto 196/2025, en el que se faculta a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía como la Autoridad de Aplicación del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), y que ese organismo registrará a los talleres de revisión técnica de cualquier jurisdicción que realicen la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de vehículos de cualquier categoría.
Apoyo en la Ciudad de Buenos Aires
En transcurso de las primeras horas del día de vigencia de la resolución, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires envió a la Legislatura un proyecto de dictamen para modificar la Ley 2.265 referida a Verificación Técnica Vehicular para su jurisdicción, adhiriendo a la medida decretada por el Poder Ejecutivo Nacional. En primera instancia el texto pasó por la Comisión de seguimiento de tránsito y el próximo paso es la votación en el recinto, que podría ser el próximo 18 de junio.
Entre las novedades más destacables se encuentra el cambio de denominación para las revisiones vehiculares, que en el texto se mencionan como Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTO). Además, se habilitará un Registro Único de Talleres para otorgar la habilitación y fiscalizar a talleres de verificación técnica vehicular y talleres calificados.
El texto señala que “la Verificación Técnica Obligatoria (VTO) podrá ser realizada en cualquier taller, concesionario o importador de vehículos, con la correspondiente habilitación como operador del sistema de Verificación Técnica Obligatoria Vehicular, y que sea capaz de corroborar técnicamente las condiciones mínimas requeridas para la calificación del estado del vehículo a cuyos fines serán consideradas Estaciones de Verificación”.
Del mismo modo, se indica que “todo taller calificado que se encuentre en el Registro Único de Talleres habilitado a tal fin, cuente con instalaciones aptas y el equipamiento adecuado -conforme las disposiciones de la Ley Nacional N° 24.449 y su reglamentación-, podrá realizar las Verificaciones Técnicas de cualquier tipo de vehículo, ya sea de uso particular o comercial, de pasajeros o de carga, especiales o antiguos, con la correspondiente habilitación para tal”.
Además, en el artículo 27 de la reforma de la Ley N° 2.265, se indica que “el precio de la Verificación Técnica Obligatoria (VTO) será estipulado por las Estaciones de Verificación, contemplado el costo de la Oblea Identificatoria y del Certificado de Verificación Técnica (CAVT). La Autoridad de Aplicación no podrá fijar tarifas mínimas ni máximas obligatorias a las Estaciones”.
Mendoza se adelantó
La provincia de Mendoza es otra de las jurisdicciones que adhiere desde el primer momento a la desregulación de las revisiones técnicas, incluso adelantándose a la entrada en vigencia del registro de talleres particulares publicada este 3 de junio.
“En Mendoza ya existe: la RTO en la provincia nace de un proceso abierto. Todo taller que acredite tener el instrumental adecuado y cumpliera la reglamentación Nacional podía comenzar a operar. Por ello Mendoza tiene la gran cantidad de 23 talleres habilitados. Se rompió con la lógica de sistema cerrado que nace de una licitación”, dijo Orlando Corvalán, director de Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial Gobierno de Mendoza.
“La normativa de Mendoza no va ser impedimento para aplicar la normativa nacional, si hay que adecuar normativa se hará como pide la resolución a los organismos nacionales”, agregó.
