En la madrugada del 9 de julio de 1925, un grupo de jóvenes oficiales del Ejército ecuatoriano ejecutó un golpe de Estado que, a diferencia de otras rupturas militares ocurridas en la historia de América Latina, no se limitó a reemplazar a un presidente por otro. El movimiento derrocó a Gonzalo S. Córdova, puso fin a una etapa de gobiernos estrechamente relacionados con la banca privada y abrió un proceso de transformación institucional que modificó la manera en que el Estado ecuatoriano administraba el dinero, controlaba el gasto público y se relacionaba con los trabajadores.
El episodio pasó a la historia como la Revolución Juliana, una denominación derivada del mes en que se produjo el levantamiento. Su importancia radica en que estableció buena parte de la arquitectura institucional que todavía sostiene al Ecuador contemporáneo. Durante los seis años posteriores fueron creados o reorganizados el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Contraloría y la Caja de Pensiones, antecedente del actual Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Para entender el alcance del proceso es necesario retroceder hasta las primeras décadas del siglo XX. Ecuador era entonces un país predominantemente rural, con instituciones débiles, una economía dependiente de la exportación de cacao y un Estado que tenía poca capacidad para regular el sistema financiero. La riqueza y el poder político se concentraban en grupos económicos de la región costera, especialmente en Guayaquil, la principal ciudad portuaria del país.
Los bancos privados no solo otorgaban créditos a comerciantes y productores. También emitían sus propios billetes, financiaban al Gobierno y ejercían una influencia determinante sobre las decisiones estatales. Como el Estado recurría con frecuencia a préstamos bancarios para cubrir sus gastos, terminó dependiendo de las mismas entidades que debía regular. Ese período es conocido en la historiografía ecuatoriana como la “plutocracia bancaria”, una expresión utilizada para describir el predominio político de las élites financieras.
El modelo entró en crisis cuando las exportaciones de cacao comenzaron a desplomarse. Durante años, ese producto había sido la principal fuente de divisas del Ecuador, pero las enfermedades que afectaron las plantaciones y la reducción de los precios internacionales debilitaron la economía. La inflación, la depreciación de la moneda y el aumento del costo de vida golpearon especialmente a los sectores populares y a las clases medias urbanas.
La inconformidad también estaba relacionada con la ausencia de protección laboral. En aquella época no existía un sistema amplio de jubilaciones, las relaciones entre empleadores y trabajadores tenían una regulación limitada y la intervención estatal en asuntos sociales era mínima. La masacre de trabajadores ocurrida en Guayaquil el 15 de noviembre de 1922, cuando las fuerzas de seguridad reprimieron una protesta obrera, se convirtió en uno de los símbolos de esa desigualdad.
En ese contexto surgió la Liga Militar, integrada principalmente por oficiales jóvenes que criticaban la corrupción, el poder de los bancos y la incapacidad de los gobiernos para enfrentar la crisis. Después de derrocar a Córdova, los militares no establecieron inmediatamente un gobierno encabezado por un caudillo. El poder fue entregado a juntas provisionales compuestas por civiles y uniformados, aunque las disputas internas dificultaron la adopción de una línea política estable.
La fase decisiva comenzó en 1926, cuando Isidro Ayora, un médico y dirigente político originario de la ciudad andina de Loja, asumió el poder. Primero gobernó de manera provisional y posteriormente fue designado presidente constitucional. Bajo su administración se ejecutó el núcleo de las reformas julianas.
Uno de sus primeros objetivos fue recuperar para el Estado el control de la moneda. Hasta entonces, diferentes bancos podían emitir billetes, lo que generaba desorden y facilitaba que las instituciones financieras aumentaran la circulación monetaria según sus propios intereses. En 1926 se creó la Caja Central de Emisión y, un año después, el Banco Central del Ecuador, que recibió la facultad exclusiva de emitir dinero.
La creación del Banco Central significó mucho más que la aparición de una nueva entidad. Por primera vez, el Estado ecuatoriano contó con una institución encargada de centralizar las reservas, ordenar el sistema monetario y establecer reglas comunes para el funcionamiento financiero. Aunque Ecuador adoptó el dólar estadounidense como moneda oficial en el año 2000, el Banco Central continúa cumpliendo funciones relacionadas con la administración de reservas, los sistemas de pago y las estadísticas económicas.
Las reformas fueron diseñadas con la colaboración de una misión internacional encabezada por el economista estadounidense Edwin Walter Kemmerer. Conocido como el “doctor dinero”, Kemmerer había asesorado a varios países latinoamericanos en la reorganización de sus finanzas públicas. Su equipo llegó a Ecuador en 1926 y propuso una transformación integral de la administración económica.
De esas recomendaciones surgieron la Superintendencia de Bancos, encargada de vigilar a las instituciones financieras, y la Contraloría, creada para fiscalizar la utilización de los recursos estatales. También fueron reformados el presupuesto público, el sistema de aduanas, la contabilidad gubernamental y la recaudación tributaria. El objetivo era reemplazar una administración basada en acuerdos políticos y relaciones personales por una burocracia técnica sometida a normas.
La Revolución Juliana también amplió las responsabilidades sociales del Estado. En 1928 se creó la Caja de Pensiones, que inicialmente protegía a empleados públicos, civiles y militares. Aunque su cobertura era todavía reducida, constituyó el punto de partida del sistema ecuatoriano de seguridad social. El Estado comenzó a reconocer que debía intervenir en la jubilación, las pensiones y la protección de quienes no podían continuar trabajando.
El proceso alcanzó su expresión jurídica en la Constitución de 1929. El texto incorporó derechos sociales, reconoció el habeas corpus, reforzó la protección laboral y estableció obligaciones estatales en áreas como la salud y la asistencia pública. También consolidó el derecho de las mujeres a votar, después de que la médica ecuatoriana , también de Loja como Ayora, Matilde Hidalgo ejerciera el sufragio en 1924 y abriera un precedente histórico en América Latina.
Las reformas no eliminaron la desigualdad ni transformaron completamente la estructura agraria. La mayoría de indígenas y campesinos continuó sometida a condiciones precarias, mientras la concentración de la tierra permaneció prácticamente intacta. Tampoco desapareció la influencia de las élites económicas. La crisis mundial iniciada en 1929 debilitó al Gobierno y Ayora abandonó el poder en 1931.
Sin embargo, el legado institucional sobrevivió a la inestabilidad política. La Revolución Juliana cambió la concepción misma del Estado ecuatoriano. Hasta 1925, el aparato público tenía una capacidad limitada y dependía de poderes privados para financiarse y administrar la moneda. Después del proceso juliano, el Estado asumió funciones de regulación económica, control financiero, fiscalización administrativa y protección social.
Por esa razón, los historiadores suelen ubicar a la Revolución Juliana junto con la Revolución Liberal de 1895 como uno de los grandes puntos de ruptura de la historia republicana del Ecuador. La primera separó progresivamente a la Iglesia del Estado, impulsó la educación laica y modificó el orden político conservador. La segunda construyó las instituciones económicas y sociales de un Estado que aspiraba a controlar sus recursos, regular a los bancos y responder a las demandas de una sociedad más compleja.
Un siglo después, varias de las instituciones creadas durante aquel proceso continúan en el centro de la vida pública ecuatoriana. El levantamiento de 1925 no produjo una revolución social completa ni cumplió todas sus promesas, pero quebró el dominio directo de la banca sobre el Gobierno y estableció un principio decisivo: la moneda, el control del gasto y la protección social debían ser responsabilidades del Estado y no atribuciones de intereses privados.
