Una inspección en el Puerto Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios, Izabal, permitió localizar un cargamento ilegal oculto en una encomienda procedente de Estados Unidos, con 26 armas y 3,037 municiones, según reportes de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala.
De acuerdo con el Ejército, la detección ocurrió durante una revisión de rutina en un contenedor de encomiendas a cargo de la Fuerza de Tarea para la Facilitación del Comercio en la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, en coordinación con fuerzas de seguridad civil y la Marina de la Defensa Nacional.
La PNC informó que el lote incautado incluía 24 rifles calibre 22, dos pistolas calibre 25, nueve tolvas y munición de distintos calibres, hallados por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) durante los controles en el recinto portuario.
Las autoridades señalaron que el envío de armas camufladas en encomiendas se ha convertido en una modalidad recurrente en esa terminal y que los controles se mantienen de forma constante, con apoyo de unidades caninas entrenadas para detectar drogas y otros objetos ilícitos.
Según la información oficial, la investigación sigue en curso para determinar el destinatario final del cargamento e identificar posibles vínculos con estructuras criminales.
La Policía Nacional Civil de Guatemala decomisó 2.083 armas entre enero y mayo de 2026
La Policía Nacional Civil de Guatemala decomisó 2,083 armas de fuego entre enero y mayo de 2026, un aumento del 41% frente al mismo período de 2025 que, según la propia institución, ayudó a evitar 309 homicidios en un país donde las muertes por arma de fuego representan el 84 % del total nacional.
De acuerdo con estadísticas de la PNC, en los primeros cinco meses de 2025 se habían incautado 1,477 dispositivos para disparar. La diferencia de 606 armas marca el incremento reportado para 2026.
El mayor salto se registró en fusiles, carabinas y rifles, según la PNC: pasaron de 88 decomisos a 276, una subida del 213,6 %. La institución vinculó ese resultado con una reducción en la incidencia de homicidios en el territorio nacional.
Las autoridades atribuyen estos decomisos a patrullajes, controles en la vía pública, investigaciones y acciones antinarcóticas. Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la PNC, aseguró que las armas fueron localizadas en poder de pandilleros, narcotraficantes y personas que las portaban de forma ilegal.
Al explicar el alcance de los operativos, Aguilar Chinchilla afirmó que “esto se ve reflejado también en la baja incidencia en la tasa de homicidios en territorio nacional”.
La PNC atribuye a los decomisos la prevención de 309 homicidios
La respuesta central que plantea el balance oficial es esta: según la PNC, las acciones operativas desarrolladas entre enero y mayo de 2026 evitaron 309 homicidios. La institución sostiene que retirar armas de circulación reduce la posibilidad de que se cometan delitos contra la integridad física de la población.
Ese argumento se apoya en otro dato oficial: la causa de muerte por arma de fuego es la más frecuente en el país y concentra el 84 % del total general, de acuerdo con la PNC. Bajo esa lógica, cada incautación tiene un efecto directo sobre la violencia letal.
Julio Roberto Hernández, criminólogo y consultor en seguridad y prevención de riesgos, valoró como positivo el aumento en la incautación de armamento. Según Hernández, sacar estas armas de las calles contribuye de forma directa a prevenir asaltos, robos, lesiones y homicidios.
El especialista resumió ese efecto con una fórmula concreta: “Un arma menos en manos de un delincuente es uno, dos o tres delitos menos que cometen estos antisociales en contra de la población guatemalteca”.
El criminólogo pidió mantener los operativos y destruir las armas tras los juicios
Hernández recomendó a las autoridades sostener los operativos de incautación. También pidió reforzar las gestiones para destruir las armas decomisadas una vez concluyan los procesos judiciales correspondientes.
La PNC presentó estos resultados como parte de sus acciones de protección a la ciudadanía durante los primeros cinco meses de 2026. El balance oficial muestra que el crecimiento de los decomisos se concentró en un contexto de patrullajes, controles, investigaciones y operativos antinarcóticos.
