Cientos de representantes de movimientos campesinos y estudiantiles confluyeron en la Plaza de la Constitución, tras marchar por los principales accesos de la ciudad de Guatemala, para exigir cambios estructurales y denunciar condiciones discriminatorias y opresivas del Estado. El reclamo principal se articuló en torno al acceso a la tierra, la defensa de los recursos naturales, la gestión de los servicios públicos y el rechazo a la desigualdad. Argumentaron que las políticas del gobierno de Bernardo Arévalo perpetúan la exclusión de las mayorías y no atienden demandas históricas de los pueblos originarios y sectores populares, según la transmisión oficial difundida por CODECA Guatemala.
El pronunciamiento colectivo incluyó críticas directas al aumento salarial de 66 mil quetzales que, desde febrero de 2025, reciben las y los diputados. Las organizaciones convocantes sostuvieron que esto profundiza la brecha entre la clase política y la población. En un país donde la desnutrición infantil y las carencias del sistema público sanitario afectan a la mayoría, la asignación de recursos al sector público y la transparencia en el nombramiento de fiscales y autoridades judiciales integraron el pliego de exigencias, según información recopilada por CODECA Guatemala.
Líderes sociales exigen freno a desalojos y privatización de la energía
Las organizaciones campesinas reunidas en la capital responsabilizaron al gobierno de Bernardo Arévalo por mantener una política de desalojos que desplaza a comunidades rurales y favorece los intereses de finqueros y terratenientes, con el uso de fuerzas policiales y militares. El comunicado leído frente al Palacio Nacional indicó que la institucionalidad estatal “criminaliza a quienes defienden la Madre Tierra y protege la impunidad de los responsables de su devastación”, de acuerdo con el texto oficial de la entidad organizadora.
Exigieron la ratificación del Acuerdo de Escazú primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, vigente desde abril de 2021 como mecanismo para salvaguardar la labor de defensoras y defensores ambientales. La preocupación por la posible privatización del agua fue planteada en términos de alarma ante “la ley que busca regular su gestión se debate en secreto, sin consulta previa a las comunidades”, con el señalamiento de que esto pone en riesgo el acceso universal al recurso.
Respecto a los sabotajes en la prestación del servicio de energía eléctrica en varios municipios, las agrupaciones campesinas acusaron a las empresas privadas, especialmente ENERGUATE y EEGSA, de vulnerar los derechos fundamentales mediante concesiones monopólicas. Solicitaron la nacionalización de la energía, argumentando que “se trata de un derecho humano y no de un bien mercantil”.
Movilización estudiantil: crisis institucional y demanda de una nueva constitución
La protesta incluyó también a colectivos estudiantiles, quienes, a través de Sergio Cano, representante del Movimiento Estudiantil Universitario y Juventud Codeca, plantearon que la crisis en la Universidad de San Carlos (USAC) evidencia un deterioro más amplio en las instituciones públicas. Cano afirmó: “la corrupción y la pobreza sólo han avanzado en las últimas décadas, aun cuando haya recambio periódico en las autoridades”, y señaló el encarecimiento del transporte, el combustible y la canasta básica como factores que estancan los salarios y limitan el acceso a servicios esenciales.
Los estudiantes denunciaron fraude y falta de legitimidad en el proceso para elegir rector en la USAC, vinculando este caso a un patrón de irregularidades presentes en la elección de magistrados y autoridades judiciales en el país. En su intervención, llamaron a la construcción de una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional para transformar la estructura estatal. Advirtieron que “las caras pueden cambiar cada cuatro años, pero el problema es el funcionamiento del Estado”.
Se destacó la solidaridad con movimientos estudiantiles de otros países de Centroamérica, con especial referencia a la situación universitaria en Honduras, y se estableció un paralelismo regional en la lucha por la autonomía y la educación pública.
La voz de Thelma Cabrera: demandas de respeto y justicia social
Thelma Cabrera, líder de CODECA Guatemala y ex candidata presidencial, participó en la manifestación denunciando la criminalización y el hostigamiento legal contra quienes defienden sus derechos. Cabrera afirmó: «Somos gente trabajadora. No somos delincuentes. Queremos un alto a esa persecución“. También exigió que se reconozca la humanidad de los defensores y el fin de la política de desalojos masivos.
La dirigente reclamó públicamente la intervención del juez de Retalhuleu para que otorgue audiencia a los defensores de la comunidad Soledad Cafetal, actualmente perseguidos por la familia Montenegro. Cabrera también denunció “el abuso de ENERGUATE, que viola el derecho a la energía eléctrica consagrado en el artículo 45 de la Constitución», reiterando el pedido de nacionalización del servicio.
Respecto al incremento salarial de los diputados, Cabrera sostuvo: «Desde febrero de 2025 están cobrando a costillas de nuestro pueblo. Se están chupando nuestra sangre, porque en los hospitales no hay medicina“, detallando la contradicción entre el crecimiento de los ingresos de la clase política y la precariedad en la niñez y sectores rurales.
La manifestación incluyó un llamado a la movilización permanente de los pueblos originarios y trabajadores, para asegurar la redistribución justa de los recursos y la vigencia de los derechos colectivos, según los oradores citados por CODECA Guatemala y sus canales oficiales.
