La Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala tomó nota del inicio del proceso para elegir al Contralor General de Cuentas para el período 2026-2030 y advirtió, en un comunicado difundido en sus redes y medios oficiales, que esa designación será determinante para la rendición de cuentas, la transparencia y el control de los recursos públicos antes del relevo previsto para el 13 de octubre.
El Congreso de la República activó formalmente el pasado 2 de junio la convocatoria para integrar la Comisión de Postulación. El Legislativo convocó además a los comisionados para este miércoles, cuando deberán elegir a su presidente e iniciar el proceso que culminará con el cambio de autoridad en el órgano contralor.
La Misión señaló en su comunicado que este procedimiento forma parte de las elecciones de segundo grado a las que da seguimiento dentro de su mandato. En ese grupo incluyó las designaciones ya realizadas de fiscal general y jefe del Ministerio Público, las magistraturas de la Corte de Constitucionalidad y las magistraturas del Tribunal Supremo Electoral.
La OEA pidió respetar los plazos constitucionales en la elección del contralor
De acuerdo con la Constitución de la República de Guatemala, el proceso se rige por los artículos 233 y 234. Según la Misión, la elección debe desarrollarse dentro de los plazos constitucionales y legales para evitar retrasos que compriman indebidamente etapas como la evaluación, la revisión de antecedentes, la recepción de objeciones ciudadanas, las entrevistas y la deliberación.
La Contraloría General de Cuentas tiene, según el comunicado, funciones fiscalizadoras sobre ingresos, egresos y todo interés hacendario de los organismos del Estado, las municipalidades, las entidades descentralizadas y autónomas, así como de personas o entidades que reciban fondos públicos. La Misión sostuvo que, por esa naturaleza, la elección de su máxima autoridad tiene relevancia directa para la calidad democrática, la confianza ciudadana y la integridad del servicio público.
Según la Misión, el contralor dirige la institución, ejerce jurisdicción sobre sus dependencias, nombra y remueve funcionarios, aprueba políticas y normas de control gubernamental, oficializa informes de auditoría e impone sanciones dentro del ámbito de sus competencias. También otorga los finiquitos previstos en otras leyes, una facultad que, de acuerdo con el comunicado, adquiere especial sensibilidad en contextos preelectorales.
La representación universitaria y la integración de la comisión quedaron bajo observación
La Misión afirmó que la confianza ciudadana en este proceso depende en gran medida de la legitimidad, independencia y credibilidad de quienes integran la Comisión de Postulación. Según el artículo 233 de la Constitución, esa comisión es presidida por un representante de los rectores de las universidades del país.
En ese punto, la Misión tomó nota de que la titularidad de la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala continúa bajo cuestionamientos derivados del proceso de elección rectoral. También observó que la representación correspondiente al conjunto de los rectores en la Comisión de Postulación responde a una representación colectiva del sistema universitario y no a una casa de estudios en particular.
La OEA añadió que, sin perjuicio de las decisiones que adopten las autoridades competentes, en procesos de alta relevancia institucional resulta especialmente importante preservar las condiciones que fortalezcan la confianza pública y la percepción de legitimidad de los órganos responsables de la selección. Según el comunicado, esa consideración pesa más cuando se trata de procesos orientados a fortalecer la independencia y credibilidad de instituciones clave para la rendición de cuentas y el control de la gestión pública.
Por esa razón, la Misión pidió que la verificación de la idoneidad de las instituciones llamadas a integrar la comisión se realice conforme a los criterios constitucionales y legales aplicables, con apego a la objetividad, la transparencia y el interés público. Añadió que continuará dando seguimiento a la elección del contralor y mantendrá comunicación con autoridades del Estado, colegios profesionales, universidades, sociedad civil, sector privado, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres, medios de comunicación y otros actores relevantes.
