El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó sentencia contra 173 integrantes de las principales pandillas del país, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el barrio 18, tras hallarles culpables de varios delitos graves vinculados a la criminalidad organizada. Las detenciones se realizaron bajo el Régimen de Excepción vigente en El Salvador, una medida adoptada para enfrentar la violencia de las pandillas y que ha permitido la captura masiva de presuntos miembros de estos grupos.
La resolución se emitió en dos despachos judiciales, que abordaron los casos por separado. El despacho del juez cuatro condenó a 40 miembros de la pandilla 18, específicamente de la cancha El Jocote, tribu Quever, facción Revolucionarios. Entre los sentenciados se encuentra Santos Molina Henríquez, alias Charlie, identificado como encargado de la estructura criminal. Además, 18 hombres y una mujer recibieron la pena máxima de 45 años de prisión por desempeñar funciones de liderazgo dentro de la pandilla, lo que refleja la severidad con la que los tribunales buscan desarticular los mandos operativos de estos grupos.
Otros tres civiles activos fueron sentenciados a 30 años de cárcel, mientras que 17 colaboradores recibieron condenas de 25 años de prisión. Todos tenían sus operaciones en la localidad de San Matías, en el departamento de La Libertad.
Por otro lado, el despacho del juez dos resolvió el caso contra 133 miembros de la clica Opicos Locos Salvatruchos, del programa Libertad de la MS-13. Las penas impuestas a estos integrantes oscilan entre los 25 y los 40 años de prisión, de acuerdo con la gravedad de los delitos y el grado de responsabilidad dentro de la organización delictiva. La sentencia establece que 15 de los acusados recibieron 40 años de prisión por su calidad de homeboy, una denominación interna para quienes ocupan posiciones de liderazgo. La estructura criminal de esta clica operaba principalmente en los distritos de San Juan Opico y San Pablo Tacachico, el departamento de La Libertad.
Las condenas se basan en delitos como tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, posesión y tenencia de armas, y agrupaciones ilícitas, todos en perjuicio de la paz pública. Estas resoluciones forman parte de una tendencia de endurecimiento judicial en El Salvador, donde los tribunales están imponiendo penas cada vez más severas contra integrantes y colaboradores de las pandillas.
El objetivo es debilitar la estructura operativa y de mando de estos grupos, que durante años han ejercido control territorial y han protagonizado numerosos actos de violencia en diversas regiones del país.
El Régimen de Excepción, que restringe derechos constitucionales y amplía facultades de detención y procesamiento para las autoridades, ha sido una pieza clave en la estrategia estatal para combatir a las pandillas. Desde su implementación, miles de personas han sido detenidas y procesadas, lo que ha derivado en una sobrecarga para el sistema judicial, pero también en sentencias como la dictada por el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
La magnitud de la condena, tanto por el número de personas involucradas como por la severidad de las penas, ilustra el nuevo enfoque de la justicia salvadoreña frente a la criminalidad organizada. Las autoridades judiciales han reiterado que continuarán aplicando todo el peso de la ley contra quienes formen parte de estructuras delictivas, con el fin de garantizar la seguridad y la paz pública. Las sentencias contra los 173 pandilleros representan uno de los fallos más contundentes en el marco de la actual política de combate a las pandillas en El Salvador.
