La Justicia de La Plata dispuso el cierre del Centro Cerrado Eva Perón II tras identificar graves deficiencias edilicias y denuncias por vulneración de derechos hacia los jóvenes alojados. La resolución judicial, dictada en el marco de un habeas corpus colectivo, impone un plazo de 48 horas para la clausura total.
A partir de la medida establecida, también se exigió la reubicación de los internos en espacios que aseguren condiciones adecuadas de habitabilidad y respeto de garantías fundamentales, una medida motivada por la persistencia de riesgos para la integridad de los adolescentes, informó el sitio El Día.
La jueza de garantías Lorena Vuotto sostuvo que, a pesar de reiteradas intimaciones, el establecimiento mantuvo un agravamiento de las condiciones de detención, lo que llevó a la intervención judicial. El fallo ordena que los jóvenes sean trasladados a dispositivos donde queden resguardados sus derechos básicos, en función de lo observado por la Comisión Provincial por la Memoria, que desde 2023 viene señalando el deterioro progresivo del sitio.
La decisión se apoyó en un peritaje arquitectónico categórico: el informe indica que el edificio no cumple con ningún estándar mínimo de habitabilidad, salubridad ni seguridad que permita su funcionamiento. Según consigna El Día, los expertos constataron el deterioro estructural de los cerramientos, colapso sanitario, riesgo eléctrico inminente y falta absoluta de aislamiento térmico, condiciones que se agravan ante la llegada del invierno. El documento técnico concluye de forma taxativa que las instalaciones configuran “un entorno directamente inhabitable”.
Deficiencias estructurales y vulneración de derechos llevaron a la clausura
El requerimiento judicial tuvo su origen en la acción impulsada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que desde el año pasado ha documentado no solo problemáticas edilicias sino también numerosos episodios de violencia institucional. Entre las denuncias se incluyen requisas vejatorias, deficiente atención médica, escasa alimentación y restricciones severas al acceso a educación y actividades recreativas.
En octubre del año pasado, un episodio de extrema violencia tuvo lugar en un centro cerrado destinado a jóvenes, tras una protesta originada por el maltrato y hostigamiento verbal ejercido por los operadores del establecimiento. Aunque los propios adolescentes lograron desacelerar la situación, al comenzar a salir de las celdas fueron reducidos en el piso, golpeados con palos y obligados a desnudarse y hacer sentadillas. Por estos hechos, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal que actualmente se encuentra en etapa de instrucción, informó el sitio El expediente cero.
Pese a la advertencia realizada, se indicó que a fines de febrero, la CPM llevó a cabo una nueva inspección en el centro cerrado. Durante la visita, el organismo entrevistó de manera confidencial a los jóvenes, quienes relataron que las vulneraciones de derechos persistían. Se reportaron hostigamiento verbal, actos de violencia, aislamiento extremo en celdas como medida disciplinaria y requisas vejatorias, además de las ya conocidas condiciones materiales deterioradas.
La CPM denunció que estos hechos configuran un patrón de violencia y vulneración de derechos humanos que afecta a los jóvenes bajo la responsabilidad del Estado. Según el organismo, los relatos obtenidos durante la inspección confirmaron que las prácticas denunciadas en octubre continuaban vigentes, sin que se hubieran adoptado medidas estructurales para proteger a los adolescentes.
Las preocupaciones de la CPM fueron reiteradamente comunicadas a las autoridades del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, aunque sin resultados concretos. La jueza Vuotto subrayó en su resolución que el Estado provincial no solo omitió adoptar un plan de acción efectivo, sino que además incumplió su deber de garantizar condiciones dignas y seguras en el encierro juvenil.
Al resolver el caso, la magistrada enfatizó: “El Estado debe abstenerse de vulnerar derechos y tiene la obligación activa de garantizar estándares adecuados de alojamiento”, reflejando una postura que pone nuevamente en el centro del debate la situación del sistema de encierro juvenil en la provincia de Buenos Aires.
