La Justicia de San Isidro ordenó que el predio donde funcionaba la planta de Fate, hoy ocupado por el gremio del neumático, sea desalojado y devuelto a la empresa, luego de hacer lugar al recurso de apelación presentado por sus dueños. El conflicto, que inició por el anuncio de cierre de la compañía y el despido de 920 trabajadores del 18 de febrero pasado, no encontró solución y el gremio endurece su postura.
Vale recordar que el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) definió en febrero pasado ocupar la fábrica, ubicada en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando, al considerar el cierre como un lockout patronal ilegal. El gremio calificó la orden judicial de “aberrante” y llamó a reforzar la presencia de los trabajadores en el lugar.
La Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro decidió “ordenar la restitución del inmueble al particular damnificado”. El tribunal consideró que las instancias de conciliación desarrolladas tanto en el ámbito nacional como en el provincial ya finalizaron y que no se vislumbran avances que permitan destrabar la disputa. En ese contexto, sostuvo que corresponde avanzar con la devolución del predio, aunque aclaró que la medida no implica una definición sobre el fondo de la cuestión laboral. El expediente se inició a partir del pedido de lanzamiento formulado por Fate, que cuestionó la permanencia de los ocupantes en el predio.
La empresa sostuvo que quienes permanecen en la planta son ex empleados y planteó, además, que existe una situación de riesgo vinculada con la imposibilidad de garantizar la seguridad del inmueble.
La Cámara ya había intervenido en marzo, cuando revocó una orden de restitución al considerar que el conflicto estaba atravesado por las negociaciones laborales derivadas del cierre de la compañía. En aquel momento, los jueces entendieron que debía privilegiarse la conciliación y que la Justicia penal no debía interferir mientras se desarrollaban las instancias administrativas destinadas a resolver la disputa.
Sin embargo, en la nueva resolución, el tribunal señaló que ese escenario cambió. La conciliación obligatoria nacional había comenzado el 18 de febrero y, luego de una prórroga de cinco días, su plazo máximo venció el 18 de marzo. En el ámbito bonaerense, la instancia se inició el 18 de marzo y fue prorrogada hasta el 21 de abril, fecha en la que quedó definitivamente vencida.
El documento judicial remarcó: “Se aprecia que quien representa a Fate, destacó oportunamente y alegó que, a su criterio, la reducida dimensión actual del diferendo laboral es que, finalizada la conciliación obligatoria, la cantidad de empleados que prefirieron no acordar su desvinculación, y tuvieron que ser despedidos, se redujo a 196 porque el resto había extinguido su vínculo laboral por su propia voluntad. Aportó como constancia la certificación contable que da cuenta de que en el periodo comprendido entre febrero y mayo se registraron y realizaron 900 bajas tempranas informadas ante ARCA, llevando a cero la dotación de personal en relación de dependencia a la fecha de la presente”.
La Cámara también destacó que el número de personas imputadas por la ocupación asciende a 24. Para los jueces, luego de más de medio año, las instancias que podían articularse para encauzar el conflicto ya fueron agotadas.
“Pasados ya siete meses y encontrándose imputados de la ocupación del predio un número significativamente menor que el de aquellas personas que quedaran sin trabajo en la empresa, las instancias que pudieron articularse durante este tiempo ya han sido gestionadas; y, en ese punto, la continuidad de la toma por un grupo de empleados -con escasa violencia y aún si se supone buena fe por entender que están actuando desde la legitimidad provista por el reclamo laboral- ya ha perdido la virtud de convertirse en el motor de una reapertura de la fábrica”, indica la notificación judicial dirigida a Alejandro Crespo, secretario general de Sutna.
El fallo, no obstante, reconoció la complejidad de la situación de los trabajadores que perdieron su empleo y señaló que una eventual conciliación más amplia continúa siendo un objetivo a alcanzar. Al mismo tiempo, remarcó que las cuestiones vinculadas con compensaciones, acuerdos e indemnizaciones exceden el ámbito de la Justicia penal. Por ese motivo, el tribunal concluyó que correspondía hacer lugar a la restitución del inmueble.
También destacó que para el desalojo del predio debe considerarse la situación de sus ocupantes: “Habida cuenta también de las particularidades propias del caso ya relevadas a lo largo del voto, la restitución deberá realizarse en base a protocolos y medidas de cuidado necesarias para que se lleve adelante con el menor riesgo posible para las personas”.
