
Esta historia demuestra que el amor entre presos, a veces, puede ser complicado.
Se trata de dos detenidos, con casos más o menos idénticos, signados por el movimiento narco del noroeste argentino, la droga que va y viene en coches y micros. El primero es Roy Toro Pocco. Su nombre parece inventado, el pistolero de un spaghetti western, pero es real. Oriundo de Perú, fue condenado a ocho años de prisión en abril de 2025 por el Tribunal Oral Federal de Jujuy, acusado de transportar diez kilos de marihuana.
Ese mismo mes, Gendarmería Nacional le encontró dos valijas en la bodega del micro en el que viajaba junto a dos cómplices, uno argentino y otro boliviano. Un perro llamado Urco olfateó la carga del colectivo que había partido desde Orán, Salta, en un retén sobre la Ruta Nacional 34, kilómetro 1212, en el puesto fijo de Chalicán, provincia de Jujuy. Los cómplices argentinos de Roy Toro, detenidos y condenados también, no dudaron en delatarlo como el dueño de la droga.

La otra es Rocío Verónica Cruz Maigua, oriunda de Bermejo, Bolivia. Gendarmería la detuvo el 20 de noviembre de 2025 junto a su hermana Lizet sobre el kilómetro 46 de la Ruta Nacional N°50, mientras viajaban en un micro desde Aguas Blancas hacia Orán. La fuerza federal les encontró seis kilos de cocaína ocultos en mochilas, droga de baja pureza, ya cortada, 40 por ciento como mucho. Sin mucho margen, ambas aceptaron su culpa en un juicio abreviado. Fueron condenadas a cuatro años y dos meses de cárcel cada una.
Lizet logró ser echada de vuelta a Bolivia, según su acuerdo. La Justicia, en cambio, decidió “diferir” la expulsión de Rocío Verónica “hasta tanto se incorporen mayores elementos probatorios e informes amplios”, afirma la condena en su contra.
Así, Roy Toro y Rocío Verónica terminaron presos en la misma prisión, el Complejo Penitenciario Federal NOA III en la zona de Güemes, provincia de Salta, una prisión que aloja por separado a hombres y mujeres. Se conocieron, de alguna forma. Luego, se enamoraron. Ahora, reclaman verse. La Justicia no les deja. El Servicio Penitenciario Federal, tampoco. El rechazo no es caprichoso. Hay un por qué.

En menos de dos meses, entre el 2 de junio y el 22 de julio últimos, la Sala I de la Cámara Federal de Salta rechazó in limine tres veces una serie de habeas corpus presentados por el narco y la mula, con el objeto de un pedido de “visita intermodular” para el que no recibieron respuesta. “No se vislumbra un proceder de manifiesta arbitrariedad o ilegalidad de las condiciones”, razonaron los jueces Ernesto Solá Espeche, Santiago French y Luis Rabbi Baldi Cabanillas en uno de los fallos.
El término habeas corpus puede sonar excesivo. En rigor, es la forma que los detenidos y sus defensas tienen para reclamar por sus condiciones de detención, sea por torturas sufridas o la falta de un cepillo de dientes.
“Sin perjuicio de ello, se hizo saber que los internos mantienen comunicación mediante videollamadas desde el 10/4/26, las que se realizan cada quince días”, continuaron los magistrados en el fallo.
Las reglas para el amor en la cárcel
El amor entre presos, o entre un preso y su pareja en libertad, suele ser pasto para fantasías populares, con las visitas de prostitutas a penales, el fenómeno de las ranas -las mujeres que buscan tener sexo con presos, aumentado por los celulares permitidos o clandestinos en pabellones, con un negocio de remiseros dedicados a trasladarlas- o el histórico chat del penal de Ezeiza entre teléfonos públicos, que permitía que detenidos y detenidas se vinculen. La situación tiene ciertas reglas, que dicta el Servicio Penitenciario Federal.
Uno de los fallos rememora que, en la situación de Roy Toro y Verónica, “las visitas entre detenidos en calidad afectiva se autorizarán “siempre que se acredite una vinculación previa no inferior a seis meses”, destacándose que, en este caso, el plazo para iniciar el trámite administrativo se cumple el 7/7/26″. Es decir, poco menos de dos semanas atrás.
Esta norma, por ejemplo, está incluida en el “Reglamento de Comunicaciones para los Internos”, el viejo decreto número 1136/97.

El decreto no usa el término “visita íntima”, parte de la jerga cotidiana en los tribunales y en los despachos penitenciarios. Prefiere algo menos sugerente: “reunión conyugal”, en pos de afianzar los “lazos familiares”.
La norma determina que el detenido puede mantener un encuentro “resguardando la intimidad de ambos y la tranquilidad del establecimiento», tras un pedido formal por escrito.
“Asimismo, previo estudio e informe del Servicio Social, se podrá autorizar esta modalidad de visita en el caso de una relación afectiva iniciada con posterioridad a la detención, siempre que se acredite una vinculación previa no inferior a los SEIS (6) meses”, continúa el texto: “La frecuencia de esta visita será quincenal con una duración máxima de DOS (2) horas”.
El decreto, también, exige un “informe del Servicio Médico del establecimiento sobre el estado de salud psicofísica del interno y si padece o no alguna enfermedad infectocontagiosa” y un informe equivalente para el visitante, con análisis de sangre.
Roy Toro, precisamente, reclamó en su último habeas corpus a la Cámara Federal por la presunta demora del análisis de sangre, que se encontraba agendado para este último jueves. Según fuentes al tanto del caso, la extracción fue practicada.
Ahora, queda otra pregunta: ¿quién espera a Roy Toro en casa?

La Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Diego G. Barroetaveña, Alejandro W. Slokar y Carlos A. Mahiques, trató el caso de Roy Toro en marzo del año pasado.
El fallo de la Cámara es bastante revelador. Mostró, por ejemplo, que Toro Pocco ya estuvo preso en Perú, detenido desde el 29 de abril de 2015 al 28 de enero de 2024, con una condena por narco, según certificó el Poder Judicial del Perú al Estado argentino. El Juzgado Penal Colegiado de Arequipa le había dado 8 años y 9 meses por tráfico ilícito de drogas, una pena idéntica a la que recibió en argentina.
El documento revela también que una defensora de menores e incapaces se había presentado en la Justicia jujeña con “un informe social elaborado en la República del Perú que detalla la situación sociofamiliar y económica familiar” del acusado.
Roy Toro no solo tiene dos hijos: también tiene una mujer de vuelta en casa. Preocupada, su esposa se comunicó por teléfono con la Justicia argentina.













