La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha operativos nocturnos periódicos para asistir a quienes atraviesan el invierno a la intemperie en calles y plazas porteñas. El organismo desplegó equipos técnicos y profesionales que recorrerán distintas comunas para relevar a la población en situación de calle y reforzar los dispositivos estatales y comunitarios de contención inmediata. El primer recorrido tuvo lugar el lunes 29 de junio en la Comuna 13.
La iniciativa se produce en un contexto de cifras que no dejan margen a la duda: según el último relevamiento oficial la Ciudad registró más de 5.000 personas sin techo en noviembre de 2025, frente a las 2.573 contabilizadas en 2021. Ese crecimiento sostenido durante cuatro años convierte al fenómeno en una problemática estructural que las bajas temperaturas del invierno vuelven a colocar en el centro del debate público.
A través del despliegue territorial, la Defensoría del Pueblo se propone garantizar canales institucionales de escucha, acompañamiento y articulación con la red de refugios y paradores de la Ciudad. El organismo subrayó que la intervención tendrá continuidad de forma sostenida, sin limitarse a una respuesta de emergencia estacional.
La medición oficial distingue dos variables: las personas que permanecen en la vía pública y quienes se alojan en centros de inclusión social. María Migliore, analista y ex funcionaria, señaló en Infobae En Vivo que la Ciudad amplió la capacidad de atención en esos centros durante los últimos años y que el programa “Buenos Aires Presente” funciona de manera ininterrumpida desde 2016, con continuidad entre distintas gestiones.
Un informe reciente elaborado por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (DHI) advierte que la situación de calle dejó de circunscribirse a perfiles específicos para convertirse en una crisis de inclusión social y habitacional que alcanza a segmentos de población cada vez más amplios. El documento, titulado “Situación de Calle en Argentina en 2026” y redactado por Daniela Valiente y Agustín Alessio, combina el análisis de relevamientos existentes con una encuesta propia a 18 referentes de organizaciones sociocomunitarias distribuidas en 17 localidades del país.
Si bien el patrón predominante continúa siendo el de varones adultos de entre 20 y 40 años con vínculos familiares fracturados, los referentes territoriales consultados por la Fundación DHI describen una diversificación acelerada. Aparecen con mayor frecuencia adultos mayores jubilados sin ingresos, mujeres víctimas de violencia de género, familias desalojadas sin acceso a empleos que les permitan costear una vivienda, y adolescentes expulsados de sus entornos familiares.
“Cada vez más personas llegan a la calle por razones económicas relativamente simples: pérdida de empleo, imposibilidad de sostener un alquiler o ruptura de estrategias familiares de supervivencia”, afirmó Alessio, arquitecto becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) e integrante del equipo de Infraestructura y Vivienda de la Fundación.
El informe sitúa esa tendencia en un contexto de creciente “inquilinización” de la población: cerca del 21% de los hogares alquila, y se expanden formas precarias de acceso al hábitat —conventillos, hoteles pensión, casas tomadas— con hacinamiento grave e inseguridad en la tenencia. Según datos del Centro para la Integración SocioUrbana (CISUR) citados en el documento, 1 de cada 2 hogares presenta algún tipo de problema habitacional, con un 14,19% que registra déficit compuesto, tanto cuantitativo como cualitativo.
El consumo problemático aparece como un factor transversal en prácticamente todas las respuestas relevadas por la Fundación DHI. El 54% de las personas encuestadas declaró consumir sustancias psicoactivas, y dentro de ese grupo, el 45,3% indicó que el consumo aumentó desde que se encuentra en la calle. Los referentes advierten, no obstante, que en muchos casos el consumo no es la causa inicial de la situación de calle sino una consecuencia de ella.
