La Comisión de Postulación redujo a 39 aspirantes la nómina para elegir al próximo Contralor General de Cuentas de Guatemala, una depuración que deja fuera de manera provisional a 19 de los 58 profesionales inscritos y que marcará el rumbo de una designación clave para el control del gasto público y la emisión de finiquitos de cara al próximo proceso electoral.
La depuración ya fue oficializada con la publicación del listado en el Diario de Centro América. Según el cronograma de la comisión, los excluidos podrán presentar pruebas de descargo entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre para intentar corregir errores, inconsistencias u omisiones en sus expedientes.
La decisión fue adoptada en una reunión de trabajo que se prolongó hasta la madrugada del jueves 27 de agosto. De los 58 expedientes recibidos originalmente, 39 continúan en carrera y 19 quedaron al margen de forma preliminar mientras se resuelve si logran subsanar las observaciones.
La exclusión no es definitiva. Los comisionados deberán revisar los documentos y argumentos que presenten los aspirantes apartados antes de decidir si mantienen la medida o si permiten su reincorporación al proceso.
Los expedientes excluidos podrán corregirse hasta el 2 de septiembre
Las fallas detectadas abarcan varios tipos de incumplimientos formales en la documentación. Entre ellas figuran ausencia de firmas o rúbricas en documentos obligatorios, declaraciones juradas sin las firmas requeridas, errores en la numeración de actas notariales, problemas con fechas de emisión o vigencia, falta de timbres fiscales y papeles que no cumplen los requisitos de legalización.
Ese tramo será determinante porque puede alterar la integración de la lista que hoy sigue vigente. La etapa de descargos antecede a la revisión de impugnaciones y a las siguientes fases de tachas, evaluación y entrevistas.
Entre los nombres admitidos aparecen perfiles con trayectoria dentro de la Contraloría General de Cuentas y exfuncionarios de la administración pública. En la nómina figuran Nora Liliana Segura Monzón, quien dirigió la Contraloría entre 2010 y 2014; Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, actual subcontralor de Calidad del Gasto Público; Carlos Emilio Morales Cancino, subcontralor de Probidad; Vilma del Rosario Xicará Tahay, exviceministra administrativa; y César Armando Elías Ajcá, exsubcontralor de Calidad y Gasto Público.
La ruta oficial establece que, una vez resueltas las exclusiones y observaciones, la comisión deberá estructurar una nómina definitiva de seis aspirantes. Ese sexteto será enviado al Congreso de la República entre el 22 y 23 de septiembre.
El Congreso deberá elegir al sucesor antes del 13 de octubre
La respuesta central del proceso es esta: de la lista que prepara la comisión saldrá el nombre del funcionario que sustituirá a Frank Helmuth Bode Fuentes al frente de la Contraloría para el período 2026-2030. El Pleno del Congreso tendrá que votar por el nuevo titular antes del 13 de octubre, que es la fecha límite constitucional para la toma de posesión.
Antes de esa votación, los aspirantes que sigan en competencia deberán someterse a pruebas psicométricas programadas para el 8 de septiembre. La comisión descartó incorporar el polígrafo y además dejó constancia de los votos a favor y en contra en sus decisiones.
La revisión de los expedientes se hizo en parejas integradas por un decano y un representante de los colegios profesionales, seleccionados por sorteo. Ese mecanismo fue parte del procedimiento aplicado para examinar la documentación de cada postulante.
La importancia de esta elección excede el relevo administrativo. La Contraloría fiscaliza el uso de los fondos públicos y controla la ejecución presupuestaria de las entidades estatales, una función que coloca a su máxima autoridad en un punto sensible de la institucionalidad.
También incide de forma directa en el próximo escenario electoral porque entre sus atribuciones está la emisión de finiquitos. Esa competencia vuelve especialmente relevante la selección de quien encabezará el ente fiscalizador durante los próximos años.
Como observadora del proceso, Carmen Aída Ibarra, del Movimiento ProJusticia, advirtió en una transmisión en vivo que la fase siguiente obligará a decidir sobre exclusiones derivadas de errores y omisiones en los expedientes. Ibarra no descartó que esas resoluciones desemboquen en acciones de amparo, como ha ocurrido en otros procesos de postulación.
