Con Manuel Adorni fuera del Gobierno ya formalmente, el oficialismo busca retomar el ritmo en el Congreso de la Nación y hoy retoma una de las comisiones que más le interesa al Ejecutivo nacional y que venía mostrando cierta complejidad.
Luego de la sesión del pasado 4 de junio, cuando se aprobaron 74 pliegos judiciales y que generó un fuerte cortocircuito entre la Casa Rosada y Patricia Bullrich por el intento del primero de retirar el pliego con dictamen de la ahora jueza María Verónica Michelli, la Comisión de Acuerdos presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto, abrió el debate para una veintena de pliegos en esta ocasión tiene como destino dictaminar para cargos en las provincias de Córdoba, Tucumán, Corrientes, Misiones y Chaco. Además hay algunos candidatos a ocupar cargos en juzgados federales porteños y bonaerenses.
Los pliegos se dividieron para ser tratados entre hoy y mañana y el oficialismo quiere apurar los dictámenes no por algún caso en especial de esta tanda de funcionarios judiciales, sino por otro que ya cuenta con dictamen pero necesita ir rápidamente al recinto.
Se trata del caso camarista Víctor Arturo Pesino, que ya cuenta con dictamen para ser aprobado e iba a serlo en la sesión que se cayó la semana pasada. El magistrado está a días de cumplir los 75 años y el Ejecutivo pide que siga en su cargo por 5 años más. Para que esto se pueda cumplir, el juez que un día antes de que ingresara su pliego al Senado repuso la Ley de Modernización Laboral y dispuso la intervención de la UOM, tiene que tener su continuidad aprobada y publicada en el Boletín Oficial antes del 27 de julio, fecha en la que cumple los 75 años de edad y se debería jubilar.
En el medio de esto, en la tanda de pliegos que se trataron hoy, el único que constituyó cierta atención de parte de los legisladores, en especial de la oposición que definieron no conformar la comisión, es el de Juan Tomás Rodríguez Ponte, candidato a juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.
Rodríguez Ponte es un histórico secretario del juez Ariel Lijo, ex candidato de LLA a la Corte Suprema y actualmente de viaje con el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques por la realización de la última reunión del GAFI.
Según se leyó en la previa a su presentación, el postulante se desempeña como director general de Corte Suprema de la oficina de delitos complejos y crimen organizado, representante de la Corte en el Comité de Coordinación de lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como también como parte de la convención para combatir el cohecho de funcionarios públicos de la OCDE.
En los pasillos del Senado de la Nación aseguran que esta nueva tanda de pliegos judiciales tiene como objetivos responder a los pedidos de las provincias y que, de esta manera, el oficialismo conseguiría el apoyo de los socios parlamentarios para poder avanzar sin demasiada conflictividad con la aprobación de Ponte y Pesino.
Mientras tanto, se espera que el Ejecutivo publique el nombramiento de Michelli que formó parte de un grupo de 75 pliegos que ya fueron aprobados y que el Presidente de la Nación ya firmó 74 de los decretos que forman parte del último eslabón de la cadena de nombramientos en el Poder Judicial.
