El primer ministro británico, Andy Burnham, habló en la noche de este martes en la Asamblea General de las Naciones Unidas y volvió a referirse a la cuestión de las Islas Malvinas, donde aseguró que responderán ante cualquier amenaza.
En su intervención, el líder británico venía hablando sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, con fuertes críticas al régimen de Putin, y afirmó: “Esto tiene que ver con defender la Carta de las Naciones Unidas y el Estado de derecho. Nos mantendremos firmes frente a cualquier amenaza y desafío al Estado de derecho, no solo de Rusia, sino también de otros, incluso cuando amenacen el derecho de los territorios británicos a seguir siendo británicos, como las islas Malvinas”.
La declaración llegó horas después de que Burnham se reuniera con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al margen de la misma ronda de reuniones en Nueva York. El encuentro, que se extendió más allá de los 30 minutos previstos, abarcó una variedad de temas, entre ellos la disputa por el archipiélago del Atlántico Sur entre el Reino Unido y Argentina.
Burnham reconoció las diferencias con Estados Unidos y señaló que el mandatario estadounidense había tenido “la amabilidad de escucharnos” sobre asuntos como el comercio y las Malvinas, según consignó la agencia AP. El premier calificó el vínculo generado como una “buena conexión” y minimizó el distanciamiento previo entre Washington y Londres: “No se lo reprochamos”, dijo.
Trump, por su parte, dejó de lado las fricciones anteriores —originadas en la negativa británica a respaldar las operaciones militares estadounidenses contra Irán— y describió al nuevo líder laborista como “un hombre de negocios nato”. “Sobre la base de nuestra relación con el primer ministro Andy, creo que nos está yendo muy bien”, afirmó el republicano, según informó AFP. Fue el primer cara a cara entre ambos mandatarios desde que Trump abrió, en agosto, la posibilidad de revisar la posición de su gobierno sobre el archipiélago.
Esa declaración fue el detonante más reciente de una escalada que lleva meses. El proceso arrancó en abril, cuando la agencia Reuters publicó el contenido de un correo interno del Pentágono que enumeraba posibles represalias contra aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que se negaron a respaldar las operaciones en Medio Oriente. Entre esas medidas figuraba la reconsideración del apoyo diplomático de Washington a reclamos europeos sobre “posesiones imperiales”, con mención explícita a las Malvinas.
En el centro del conflicto, además de la soberanía, está el petróleo. El proyecto Sea Lion —un yacimiento en aguas profundas a 220 kilómetros al norte del archipiélago, impulsado por el consorcio integrado por Rockhopper Exploration, de capital británico, y Navitas Petroleum, con sede en Israel— tiene planes de comenzar a bombear crudo en 2028, y las autoridades británicas estiman ingresos por regalías de USD 2.000 millones a lo largo de 30 años.
El 3 de septiembre, el presidente argentino Javier Milei utilizó una cadena nacional para formalizar las medidas que su gobierno venía preparando: sanciones contra empresas involucradas en la explotación de hidrocarburos en el archipiélago sin autorización argentina, ampliación del presupuesto de Defensa para construir una Base Naval Integral en Tierra del Fuego y el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, advirtió el mandatario. Para mediados de septiembre, el gobierno había abierto procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas con actividad directa o indirecta en la cuenca.
Con ese trasfondo, Milei llegó este martes a Nueva York acompañado por el canciller Pablo Quirno, el embajador Alec Oxenford y el representante argentino ante la ONU, Francisco Tropepi. En su discurso ante la Asamblea General, el mandatario tiene previsto ratificar los derechos soberanos del país sobre el archipiélago y reclamar al Reino Unido que acepte la negociación como vía para resolver la disputa territorial.
