El Congreso Nacional profundizó la crisis institucional al destituir a cuatro altos funcionarios de los órganos electorales del país, elevando a ocho el número de servidores públicos separados de sus cargos mediante juicios políticos en los últimos días, en medio de un ambiente de creciente tensión política y cuestionamientos sobre el uso de este mecanismo constitucional.
Con 88 votos a favor, los legisladores aprobaron la destitución del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa; el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán; y los suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, en una decisión que se suma a otras resoluciones recientes adoptadas por el pleno legislativo en el marco de procesos similares.
La sesión se reanudó con la lectura del informe del juicio político, el cual recomendaba la separación de los funcionarios señalados.
En el documento se expusieron argumentos relacionados con presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, así como cuestionamientos sobre su desempeño administrativo y decisiones adoptadas en el ejercicio de sus cargos, aspectos que han generado posiciones divididas entre las distintas bancadas del Congreso Nacional.
En un ambiente marcado por manifestaciones en los bajos del Legislativo, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, concedió un plazo de 30 minutos para que el magistrado Mario Morazán compareciera ante el pleno, lo que finalmente ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde.
Su presencia dio paso a un interrogatorio por parte de diputados de diversas fuerzas políticas, entre ellos Jorge Cálix (PLH), Mario Pérez (PNH) y Ronald Panchamé (LIBRE), en un intercambio que evidenció la polarización en torno al proceso y las diferentes lecturas sobre la legalidad y pertinencia de las destituciones.
Al filo de la medianoche, el pleno aprobó en dos votaciones consecutivas la destitución de los cuatro funcionarios. Con esta decisión, el Congreso Nacional suma ya ocho funcionarios separados mediante juicio político en un corto periodo, lo que ha intensificado el debate público sobre la frecuencia, el alcance y las implicaciones institucionales de este mecanismo de control político.
Como antecedente, en días previos el Legislativo ya había impulsado otros procesos de juicio político contra diferentes funcionarios del Estado, los cuales también derivaron en destituciones, generando un escenario de reconfiguración acelerada en varias instituciones públicas clave.
Estas acciones han sido interpretadas por distintos sectores como parte de una dinámica política más amplia que impacta directamente en la estabilidad del aparato estatal, especialmente en organismos vinculados al sistema electoral.
Ahora, el legislativo deberá nombrar una comisión especial encargada de proponer a los sustitutos que ocuparán las vacantes en el CNE y el TJE.
Este proceso se desarrollará en un contexto de creciente vigilancia ciudadana, expectativas sobre la transparencia en la selección de nuevas autoridades y un ambiente político marcado por la confrontación, mientras persisten los cuestionamientos sobre la estabilidad institucional del sistema electoral en Honduras.
Tras su destitución, los funcionarios separados han manifestado estar en desacuerdo con el proceso, cuestionando la legalidad del juicio político y señalando posibles motivaciones políticas detrás de la decisión, además de anunciar que analizarán las acciones legales correspondientes.
