En un contexto de caída de la industria, la Unión Industrial Argentina (UIA) le presentó al Gobierno un documento técnico con propuestas para aliviar la presión fiscal, energética y financiera que enfrentan las pequeñas y medianas empresas del sector productivo.
La iniciativa surge tras la reunión mensual de la Junta Directiva de la entidad, en la que sus representantes sectoriales y regionales expresaron preocupación por la falta de recuperación de la actividad, la caída en el empleo y la persistencia de costos que restan competitividad a la producción.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la industria registró una caída de 4,9% respecto de julio de 2025 y 5% en relación con junio de 2026. En términos sectoriales, 12 de los 16 rubros que componen el Índice de Producción Industrial (IPI) retrocedieron frente a julio del año pasado, y 15 lo hicieron en la comparación mensual. Solo la refinación de petróleo mostró una suba en ese período.
En paralelo, la utilización de la capacidad instalada en la industria alcanzó el 58,2% en julio, con lo cual más de cuatro de cada diez puntos de la capacidad productiva quedaron ociosos durante ese mes. El dato representa una baja de 0,9 puntos porcentuales frente a junio y se ubica 0,2 puntos por debajo del 58,4% registrado en julio de 2025.
Entre las medidas para aliviar la presión fiscal, la UIA propuso la suspensión de embargos por 180 días, la migración entre planes de pago, la reducción de la tasa de financiación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para pymes, y el diferimiento de vencimientos impositivos del IVA por 180 días para actividades estacionales. También plantearon la anualización de cargas sociales, la postergación de Contribuciones Patronales para economías regionales y una agilización en la devolución de saldos a favor de impuestos nacionales.
“Cabe recordar que la presión fiscal formal en la Argentina es de 56%, récord en el mundo. La industria produce bienes transables que compiten con el mercado internacional, y por lo tanto requieren tener una presión fiscal similar a la de los productos que vienen de países donde esa presión es normal”, destacaron desde la entidad fabril.
Bajo la perspectiva del ente conducido por Martín Rappallini, el costo energético es otro de los frentes que golpea a la industria, en particular a las pymes. Los usuarios categorizados como Grandes Usuarios de la Distribuidora (GUDI) recibieron facturas con un incremento de entre el 90% y el 100% en el costo básico, lo que implicó que se duplicara el gasto respecto del mes anterior y casi se triplicara en relación con dos meses atrás.
En ese contexto, la UIA destacó la iniciativa de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba para avanzar en un esquema de financiamiento de los cargos estabilizados del Mercado Eléctrico Mayorista, luego de los planteos que la entidad realizó junto a las uniones industriales territoriales. A la vez, propone al gobierno nacional el establecimiento de cuotas para afrontar las facturas y el prorrateo de los vencimientos.
En materia de financiamiento, la unión industrial planteó que sería positivo limitar la carga tributaria sobre el crédito y eliminar por completo los impuestos en las operaciones de refinanciación de pasivos, en una coyuntura de crecimiento de la morosidad en las pymes.
Desde la perspectiva de los industriales, la presión tributaria sobre la intermediación financiera, que incluye el IVA a nivel nacional, Ingresos Brutos y Sellos a nivel provincial, además de una creciente proliferación de tasas municipales, eleva en promedio más de 18% el costo financiero del crédito productivo. Esto lleva una Tasa Nominal Anual (TNA) de referencia del 35% a un Costo Financiero Total (CFT) de 41,4%, un sobrecosto de aproximadamente 6,4 puntos porcentuales adicionales en promedio.
“Este sobrecosto agrava el acceso al financiamiento en un contexto de baja profundidad crediticia y elevada morosidad empresarial”, señaló la organización empresarial.
Por últimio, la UIA comparó la situación local con la región. Los encajes sobre los depósitos a la vista se ubican en torno al 45% en la Argentina, un nivel considerablemente superior al observado en Brasil, cercano al 21%, y en Chile, del 9 por ciento. Esta diferencia, según la entidad, limita la capacidad de intermediación de los bancos y contribuye a mantener condiciones más restrictivas para la expansión del crédito productivo.
