Una acompañante terapéutica fue imputada este jueves por la mañana por el Ministerio Público Fiscal de Río Negro por supuestamente haber participado del esquema de estafas que habría perjudicado a la Obra Social IPROSS. En concreto, se la acusa de no haber concretado tareas con pacientes del Establecimiento de Salud Mental Valle Sereno-San Cirano S.A. de General Roca.
La acusación fiscal detalló que son 21 hechos en total bajo investigación son 21, que presuntamente ocurrieron entre noviembre de 2021 y julio de 2023. Según la fiscal adjunta Gimena Ducca, la imputada habría participado en una maniobra de defraudación contra la obra social.
Según constataron, la acusada se desempeñaba como acompañante terapéutica y está sospechada de haber conformado la estructura junto a un médico clínico y psiquiatra, una licenciada en psicología y otros profesionales del equipo.
Por este motivo, la acompañante terapéutica fue imputada como partícipe necesaria de “estafas reiteradas agravadas por haber sido cometidas en perjuicio de la administración pública”. Frente a esto, el defensor penal público Juan Pablo Chirinos no presentó objeciones a la formulación de cargos y solicitó una pericia caligráfica.
A raíz de esto, el juez de Garantías tuvo por imputados los cargos conforme a lo requerido por el Ministerio Público Fiscal de Río Negro. Asimismo, fijó una etapa de investigación penal preparatoria con un plazo máximo de cuatro meses.
De acuerdo con el equipo fiscal, los tres profesionales habrían falsificado historias clínicas, planillas de asistencia y registros de pacientes. De esta manera, se habrían incluido de manera ficticia a pacientes ambulatorios bajo la modalidad especial de “Hospital de Día”.
A partir de esto, habrían facturado y cobrado contraprestaciones que nunca se brindaron realmente a los afiliados de IPROSS. Incluso, apuntaron que el monto facturado era superior al habitual, al tratarse de un módulo diferenciado y específico.
En línea con esto, la investigación reveló que los sospechosos habrían completado, firmado y remitido las planillas y documentación a la administración de San Cirano S.A. Luego de esto, la presidente del establecimiento las elevaba al Departamento de Rendiciones Médicas y Sanatoriales de la obra social perjudicada. Este procedimiento permitía que se crearan expedientes de pago a favor del prestador, los cuales eran aprobados y cobrados.
En el sustento probatorio de la imputación se incluyó la denuncia penal realizada en mayo de 2024 por la obra social ante la Fiscalía General, el expediente administrativo de IPROSS y del establecimiento. Además, se consideraron entrevistas tomadas en sede fiscal y el informe de los profesionales que trabajaron en la institución entre noviembre de 2021 y diciembre de 2023.
Por último, se sumaron los informes técnicos contables elaborados por la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal del Ministerio Público, órdenes de pago, informes de la O.I.Tel y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y la habilitación del establecimiento ante el Ministerio de Salud de Río Negro.
PAMI denunció un fraude de $700 millones
Las nuevas auditorías dispuestas por el titular del PAMI, Esteban Leguízamo, revelaron graves inconsistencias en las prestaciones de médicos de cabecera en distintas jurisdicciones del país, lo que derivó en la detección de un posible fraude millonario contra la principal obra social de los jubilados.
Según los expedientes del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), a los que accedió Infobae, se documentaron facturas con volúmenes de atención imposibles de concretar, así como órdenes médicas a nombre de afiliados fallecidos.
La investigación interna permitió identificar al menos siete profesionales comprometidos, con casos destacados en Buenos Aires, Santa Fe y Chaco. Entre ellos figura un cardiólogo de Rosario, que fue allanado por la Justicia. El patrón detectado es sistemático: las prestaciones facturadas superan ampliamente la cantidad máxima de consultas que cada profesional podría realizar según las horas de atención que ellos mismos declararon ante el organismo. Ante estas irregularidades, el INSSJP dispuso retenciones preventivas de pagos y, en los casos más graves, rescisiones de contrato y denuncias penales.
En uno de los expedientes más graves, un cardiólogo de Acebal, Santa Fe, sostuvo haber atendido a más de 5.000 afiliados y practicado más de 50.000 estudios médicos entre 2023 y 2025, aunque la mayoría de los beneficiarios residían en otras provincias. La suma estimada de la defraudación asciende a $700.000.000, de los cuales alrededor de $580.000.000 ya fueron abonados por el PAMI al profesional.
Las auditorías aplicaron un mismo criterio: calcular la cantidad máxima de consultas posibles según las horas declaradas y contrastarlas con las prestaciones facturadas. El exceso detectado motivó la intervención judicial y medidas administrativas inmediatas.
Los allanamientos, autorizados por el juez de garantías Carlos Vera Barros, alcanzaron tanto los consultorios como el domicilio particular del médico, y fueron solicitados por los fiscales Andrés Montefeltro y Virginia Sosa, con la participación de la Oficina de Criminalidad Económica bajo la coordinación del fiscal general interino Javier Arzubi Calvo.
Entre las maniobras detectadas figuró la emisión de órdenes médicas electrónicas a nombre de afiliados fallecidos y facturación de prácticas a personas que desconocían haber sido atendidas. El proceso judicial se inició luego de que la Unidad Fiscal de Investigaciones para Delitos Cometidos en el ámbito del INSSJP (UFI-PAMI) detectara estos casos a partir de denuncias de afiliados.
En Córdoba, un profesional emitió órdenes médicas electrónicas luego de su fallecimiento, mientras que en otros casos, como los de Lanús, San Justo y Quilmes, se dispuso la retención preventiva de pagos hasta concluir las auditorías. Las medidas incluyeron débito sobre liquidaciones y suspensión de contratos según la gravedad de las irregularidades.
Las auditorías revelaron también situaciones en las que médicos declararon cantidades de consultas por día que resultan físicamente imposibles. Por ejemplo, en febrero pasado, un prestador declaró 283 prácticas en 95 pacientes en solo cinco horas, y otro registró 689 órdenes electrónicas en un solo día, lo que hubiera requerido más de 80 horas de trabajo continuo.
Desde que Leguízamo asumió la conducción del PAMI, el instituto intensificó los controles internos. En mayo de 2026, se informó la baja de más de 1.500 prestadores por cobros indebidos, facturación de prácticas inexistentes y por establecimientos que no cumplían los protocolos de seguridad e higiene.
