Este jueves, el ex ministro de Desarrollo Social de San Luis, Nicolás Anzulovich, fue imputado por el delito de enriquecimiento ilícito. Tras concretarse la audiencia de formulación de cargos, luego de tres intentos fallidos previos, la Justicia investigará si existió un aumento patrimonial del acusado cuando formó parte del gabinete del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá.
La imputación fue presentada por el fiscal de Instrucción Francisco Assat Alí y convalidada por el juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes, quien además dispuso medidas de coerción por seis meses. Anzulovich asistió en compañía de su abogado, Cristóbal Ibáñez, con actitud relajada, aunque el clima cambió al comenzar los planteos procesales.
El ex funcionario se abstuvo de declarar después de que la querella solicitara la prisión preventiva. Antes de que avanzaran con la formulación de cargos, la defensa había presentado un nuevo planteo de nulidad al cuestionar la intervención del procurador General, Sebastián Cadelago Filippi.
De acuerdo con la información publicada por El Chorrillero, el fiscal Assat Alí y el jefe de la Sala Penal de Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón, consideraron que estos planteos formaban parte de una estrategia dilatoria. Finalmente, el juez Flores Leyes rechazó la nulidad y continuó con la audiencia.
De esta manera, el fiscal expuso que los hechos investigados corresponden al período entre 2019 y 2023, cuando Anzulovich se desempeñó en el gabinete de Rodríguez Saá como coordinador de la Dirección de Obra Social del Estado Provincial (DOSEP) y luego como ministro de Desarrollo Social.
En línea con esto, indicó que en la investigación se detectó un incremento patrimonial injustificado, tras señalar que había adquirido vehículos de alta gama y realizado movimientos financieros sin trazabilidad. Además, notaron una ausencia de documentación sobre el origen de ciertos fondos.
Entre los bienes bajo análisis se encuentran vehículos de marcas RAM, BMW y Ford Bronco, además de una propiedad en el barrio privado Refugio del Lago, en La Florida. La pericia contable estableció un piso de $9.438.429 atribuidos a maniobras de presunto enriquecimiento ilícito, aunque no descartaron que el monto pudiera ser mayor producto de todas las operaciones detectadas.
Por este motivo, el informe pericial concluyó que el incremento patrimonial verificado no guardaría correlación con los ingresos lícitos declarados por Anzulovich, y que los egresos habrían superado ampliamente su capacidad económica declarada. Tampoco se encontró actividad económica privada que pudiera justificar dichos movimientos.
A raíz de esto, la Fiscalía solicitó, además de la apertura de la Investigación Penal Preparatoria, medidas de coerción por seis meses. Entre ellas, la firma mensual del libro de imputados, prohibición de salida de la provincia, inhibición general de bienes y suspensión preventiva de sus funciones como empleado judicial. Respecto a la última, Assat Alí argumentó que Anzulovich podría frustrar medidas sobre su patrimonio debido a su acceso al sistema judicial y sus contactos.
Luego de que el fiscal finalizara su exposición, la defensa del ex ministro de Desarrollo Social rechazó la imputación, tras calificar que el monto determinado por la pericia sería “irrisorio”. Al mismo tiempo que negó la existencia del delito, Ibáñez cuestionó la validez del informe patrimonial y denunció que varios profesionales se negaron a intervenir por temor a represalias.
En este sentido, el otro defensor de Anzulovich, Nedo Gómez, calificó las medidas de coerción como “abusivas y estigmatizantes”. De la misma forma, señaló el impacto que el proceso judicial tendría sobre la imagen pública del ex funcionario.
El juez Flores Leyes declaró la causa como compleja, por este motivo, resolvió extender el plazo de investigación a seis meses. Sin embargo, ordenó la firma mensual, prohibió la salida de la provincia e impuso la inhibición general de bienes del ex ministro, tras alegar a la existencia de un posible daño al patrimonio del Estado, dada la naturaleza del delito investigado.
Sin embargo, rechazó la prisión preventiva y la suspensión de sus funciones judiciales, tras argumentar que no estaban acreditados los riesgos procesales necesarios. Asimismo, consideró que la suspensión afectaría su derecho al sustento.
