Tres menores de edad fueron rescatadas durante operativos ejecutados por la Policía Nacional contra el denominado Cártel del Diablo, una estructura criminal que ha sido objeto de recientes acciones de seguridad en Honduras.
De acuerdo con información proporcionada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), las menores presuntamente permanecían en un inmueble utilizado por miembros de la organización y habrían sido sometidas a labores domésticas.
Las autoridades también investigan una denuncia más grave: la posibilidad de que las menores hayan sido víctimas de abuso sexual por integrantes de la estructura criminal.
Por tratarse de víctimas menores de edad, sus identidades y otros detalles que puedan permitir su identificación deben permanecer bajo reserva.
El subinspector Wilfredo Maldonado, portavoz de la DPI, explicó que después del rescate las tres menores fueron colocadas bajo resguardo.
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y Medicina Forense iniciaron las diligencias necesarias para establecer su estado físico y emocional y determinar las circunstancias en las que permanecieron dentro del lugar.
Estas evaluaciones serán determinantes para establecer si existieron agresiones sexuales, explotación u otras vulneraciones de derechos.
Hasta ahora, la información policial se mantiene en una fase preliminar. La existencia de posibles abusos forma parte de una investigación y deberá ser sustentada mediante peritajes, entrevistas especializadas y otros elementos de prueba.
Una vez concluidas las primeras diligencias, las menores permanecerán bajo protección de la Senaf mientras continúan las investigaciones.
La DPI indicó que el caso no se limitará a las tres menores encontradas.
Las autoridades intentarán determinar si otras niñas, adolescentes o personas vulnerables pudieron haber permanecido bajo condiciones similares dentro de propiedades utilizadas por integrantes del grupo.
Este aspecto podría ampliar el alcance de las investigaciones más allá de los delitos tradicionalmente asociados a estructuras criminales armadas.
Si se confirma la existencia de explotación o violencia sexual, los investigadores deberán establecer quiénes tuvieron contacto con las menores, durante cuánto tiempo permanecieron en esas condiciones y qué integrantes de la organización podrían tener responsabilidad individual.
Las autoridades identificaron a los dos fallecidos como Ivis Jared Medina Medina, alias “Quebranta Huesos”, y Ramón Enrique Cruz Palma, alias “Monki”.
Según la versión policial, ambos serían presuntos integrantes de la estructura y actuarían como guardaespaldas de uno de sus cabecillas.
Su pertenencia y funciones dentro del grupo corresponden, por ahora, a la caracterización realizada por las autoridades.
Durante las operaciones fueron decomisadas tres armas de fuego, entre ellas dos consideradas de grueso calibre, además de una pistola de nueve milímetros y municiones.
El hallazgo de las menores agrega otra dimensión a las investigaciones contra la estructura.
Hasta ahora, buena parte de la atención pública alrededor del Cártel del Diablo se había concentrado en enfrentamientos armados, persecuciones y operaciones policiales. Sin embargo, la posible utilización de menores para labores domésticas y las denuncias de abuso obligan a investigar también eventuales delitos contra la niñez.
La prioridad inmediata será proteger a las víctimas y evitar nuevas exposiciones que puedan revictimizarlas.
Ese será uno de los puntos centrales de la investigación: establecer cómo llegaron las menores al lugar, cuánto tiempo permanecieron allí, quiénes estaban a cargo de ellas y si existen más víctimas todavía no identificadas.
