El país obtuvo 22 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 y se ubicó en el puesto 157 de 182 países evaluados por Transparencia Internacional.
La puntuación fue la misma que en 2024, pero Honduras descendió tres posiciones debido a que otras naciones registraron avances mientras el país permaneció sin mejoras en su calificación.
Castañeda sostuvo que la corrupción representa un problema que Honduras arrastra desde hace varias décadas y cuestionó que, pese al paso de diferentes administraciones, todavía no se haya encontrado una solución que permita reducir de manera sostenida este fenómeno.
“Arrastramos la corrupción desde hace varias décadas, no hay solución a este problema. De 182 países, Honduras se sitúa en el escalón 157”, manifestó el director de Seguridad de la ASJ.
El resultado del índice mantiene al país entre las naciones con menor puntuación en materia de percepción de corrupción del sector público. Transparencia Internacional explica que el indicador evalúa la percepción de expertos y actores vinculados al ámbito empresarial sobre la corrupción pública.
A este panorama se suma la percepción ciudadana sobre las acciones gubernamentales. De acuerdo con Castañeda, solamente el 14 % de los hondureños considera que el Gobierno prioriza el combate contra la corrupción, mientras que la mayoría no percibe una respuesta suficiente frente a este problema.
“Solamente el 14 por ciento de los hondureños cree que el Gobierno prioriza el combate a la corrupción. Hay falta de controles, auditorías, instituciones fuertes, pero sí impone el tráfico de influencias”, declaró.
Para el representante de la ASJ, la debilidad de los mecanismos de control representa uno de los factores que permiten que las prácticas irregulares persistan dentro de las instituciones públicas. Por ello, considera necesario fortalecer los procesos de auditoría y las capacidades de las entidades encargadas de supervisar el uso de los recursos del Estado.
El llamado también apunta a fortalecer las instituciones encargadas de investigar y sancionar posibles actos de corrupción, de manera que los casos puedan avanzar con mayor efectividad y se reduzcan los espacios para la impunidad.
La ASJ ha señalado en distintos análisis que Honduras enfrenta problemas estructurales relacionados con la institucionalidad, la rendición de cuentas y los mecanismos de control. En su reporte de Estado de país 2026: Democracia y Transparencia, la organización documentó un deterioro del Estado de derecho y ubicó nuevamente al país en la posición 157 de 182 en materia de percepción de corrupción.
En este contexto, Castañeda planteó la necesidad de que la actual administración avance en la depuración de las instituciones públicas y en la selección de funcionarios con criterios de integridad y compromiso con el servicio a la ciudadanía.
La expectativa, según el representante de la sociedad civil, es que los cambios institucionales permitan recuperar la confianza de los hondureños y garantizar que las entidades estatales funcionen bajo mecanismos de mayor transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.
El desafío para Honduras no se limita, por tanto, a mejorar su posición en una medición internacional. El resultado también refleja la necesidad de generar condiciones institucionales que permitan prevenir, detectar e investigar posibles actos de corrupción y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
