La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó este jueves el secuestro de documentación en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) como parte de una investigación relacionada con la construcción de hospitales públicos en los departamentos de Olancho, Ocotepeque y Santa Bárbara.
Las diligencias son dirigidas por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), que busca recopilar información sobre posibles irregularidades en los procesos de contratación, ejecución de obras y adquisición de insumos vinculados a estos proyectos de infraestructura sanitaria.
De acuerdo con las autoridades, la documentación requerida forma parte de expedientes que podrían aportar elementos clave para determinar si existieron anomalías administrativas o financieras durante el desarrollo de las obras.
El portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, explicó que la operación tiene como finalidad fortalecer las líneas investigativas abiertas por el Ministerio Público y obtener evidencia documental que permita esclarecer la correcta utilización de recursos públicos destinados al sector salud.
“Es una acción dirigida por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal para obtener mayor información y elementos en torno a la construcción de hospitales públicos en el país”, manifestó Galindo.
Hospitales bajo investigación
Las pesquisas se concentran específicamente en proyectos hospitalarios desarrollados en los departamentos de Olancho y Ocotepeque, así como en el Hospital General de Santa Bárbara, obras que actualmente forman parte de una revisión exhaustiva por parte de las autoridades competentes.
Según detalló la ATIC, la documentación solicitada no había sido entregada previamente al Ministerio Público, por lo que fue necesario ejecutar el secuestro formal de expedientes con autorización judicial.
Galindo señaló que todas las actuaciones se realizan bajo control jurisdiccional, es decir, con la autorización de un juez competente, garantizando la legalidad del procedimiento y el resguardo de la cadena de custodia de los documentos obtenidos.
“Estas acciones se están efectuando con la venia de un juez competente y permitirán recopilar mayores elementos para continuar avanzando en la investigación”, indicó.
Las autoridades no descartan que las diligencias se extiendan a otras dependencias relacionadas con la planificación, supervisión y ejecución de los proyectos, dependiendo de los hallazgos que surjan durante el análisis de la documentación.
También podrían revisar dispositivos electrónicos
Como parte de las acciones investigativas, la ATIC informó que además de la revisión de expedientes físicos podría analizar información contenida en dispositivos electrónicos o sistemas digitales utilizados para la gestión de los proyectos.
Esta medida dependerá de las necesidades de la investigación y de las evidencias que se obtengan durante la revisión de los documentos asegurados.
El portavoz explicó que en diferentes departamentos y unidades de la SIT se administra información relacionada con contratos, presupuestos, modificaciones de obra, supervisiones técnicas y adquisiciones de materiales, datos que podrían resultar relevantes para determinar responsabilidades.
“En cada uno de estos departamentos se llevan distintos procesos y documentación que podrían ser de interés para el Ministerio Público y serán analizados para verificar si existieron irregularidades”, afirmó.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado si existen personas bajo investigación ni han informado sobre posibles requerimientos fiscales relacionados con este caso.
Investigación busca transparencia en proyectos públicos
El operativo se produce en medio de los esfuerzos del Ministerio Público por fortalecer los mecanismos de fiscalización sobre proyectos de infraestructura financiados con recursos estatales, especialmente aquellos vinculados con servicios esenciales como salud, educación y transporte.
Diversos sectores han señalado la importancia de garantizar transparencia en la ejecución de hospitales públicos debido al impacto que estas obras tienen en miles de ciudadanos que dependen de los servicios de salud en diferentes regiones del país.
Las investigaciones permitirán determinar si los procesos de contratación y construcción se realizaron conforme a la normativa vigente y si los recursos asignados fueron utilizados de manera adecuada.
La ATIC aseguró que las diligencias continuarán de forma gradual y técnica, mientras los fiscales analizan la información recopilada para establecer si existen elementos suficientes que permitan deducir responsabilidades administrativas o penales.
Por ahora, las autoridades reiteraron que el procedimiento se desarrolla con normalidad y sin obstáculos, mientras avanza una investigación que busca esclarecer el manejo de proyectos hospitalarios considerados estratégicos para el sistema sanitario nacional.
