La posibilidad de que 5 mil reclusos accedan a beneficios judiciales o administrativos forma parte del plan para reducir la presión sobre las cárceles de Guatemala.
De acuerdo autoridades del Sistema Penitenciario y de Gobierno, los proyectos también incluyen la construcción de nuevos centros y una clasificación de los internos según su peligrosidad.
Este objetivo conlleva separar a los procesados de los condenados y aislar a los líderes de estructuras criminales de los reos con menor peligrosidad.
La estrategia busca recuperar el control dentro de las prisiones, reducir la sobrepoblación y cortar las órdenes de extorsión, sicariato y reclutamiento que aún se originan desde algunos penales.
El problema abarca las 24 cárceles del país, donde hay más de 24 mil personas privadas de libertad, según cifras de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).
Actualmente, la autoridad Penitenciaria cuenta con cerca de 4 mil agentes, aunque los turnos, las vacaciones, los permisos y las ausencias dejan unos 2 mil efectivos disponibles por jornada.
Esa disponibilidad implica una relación aproximada de un custodio por cada 15 internos. El asesor del Ministerio de Gobernación, Kane Matheu, advirtió durante un foro de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Fundesa) que, en determinadas jornadas, la proporción puede llegar a un guardia por cada 30 reclusos.
Es por ello, que la DGSP ha iniciado con la formación de 600 nuevos guardias, que ayudarán a aliviar la proporción de guardias contra reclusos.
La clasificación busca impedir el mando de pandillas desde prisión
El Sistema Penitenciario prepara una división de la población reclusa en cinco niveles de peligrosidad. El criterio permitirá agrupar a los internos de acuerdo con los delitos imputados, su condición procesal y el riesgo que representan dentro de los centros.
La medida apunta a evitar la convivencia entre personas acusadas de delitos menores, condenados, integrantes de pandillas y cabecillas criminales.
Las autoridades de la Policía Nacional Civil han vinculado a integrantes de Barrio 18 y Mara Salvatrucha con extorsiones y reclutamiento de nuevos miembros desde las cárceles.
La reorganización irá acompañada de cambios en las condiciones físicas de los centros. El plan incluye readecuar instalaciones, mejorar la iluminación y reforzar los controles de ingreso y permanencia.
También contempla equipos biométricos para identificar a los internos y a los visitantes, cámaras de vigilancia y un centro de monitoreo con alcance sobre todos los recintos penitenciarios.
Dos cárceles nuevas concentrarán a los internos de alta peligrosidad
La construcción de nuevos penales constituye la parte central de la estrategia oficial. Uno de los proyectos es la cárcel El Triunfo, ubicada en Morales, Izabal, sobre una finca que fue extinguida al narcotráfico.
Los ingenieros del Ejército de Guatemala levantan ese centro para recibir entre 2 mil y 2 mil 700 internos de alta peligrosidad. El diseño prevé celdas ocupadas por un máximo de dos personas, módulos reforzados, tres anillos de seguridad y vigilancia permanente.
Un segundo recinto avanza en Masagua, Escuintla, con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica. Ambos proyectos pretenden aliviar la saturación y concentrar bajo mayores controles a los perfiles criminales que representan un riesgo para la seguridad pública.
Un diagnóstico presentado por la Coalición por la Seguridad Ciudadana, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, Crime Stoppers y Fundesa ubicó la ocupación penitenciaria en 299,4%. El estudio indicó que el sistema dispone de 7.922 plazas y mantiene una población superior a 22 mil reclusos.
Bloqueos de señal
Otro de los proyectos que se ha planteado es el bloqueo de la señal de telefonía, internet y satelital en las cárceles. Aunque esto se ha planteado en varias oportunidades, últimamente el Gobierno ha informado sobre la posibilidad de adquirir un sistema propio para no depender de las telefonías.
Incluso, ya se instaló un plan piloto de bloqueador de internet en la cárcel de Zacapa que ha dado buenos resultados, de acuerdo con los análisis realizado.
También existe una iniciativa de ley en el Congreso, la cual, según las autoridades gubernamentales, sería la mejor opción para evitar que las extorsiones sigan siendo un problema en las cárceles.
Este planteamiento se ha realizado, debido a que la adquisición de equipo propio resulta extremadamente oneroso, por lo que complicaría su adquisición con recursos del Estado.
