Honduras se encamina hacia una nueva etapa de su política de seguridad. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) decidió declarar como terroristas a tres estructuras criminales, reforzar la presencia de militares y policías en zonas de mayor riesgo y crear mecanismos especializados para procesar a integrantes de estas organizaciones.
La reunión se desarrolló la noche del 18 de septiembre en Casa Presidencial y estuvo encabezada por el presidente Nasry Asfura, junto con autoridades de los poderes Legislativo y Judicial y representantes de las instituciones de seguridad y justicia.
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, confirmó este sábado que los tres grupos ya fueron declarados terroristas, aunque sus nombres no serán divulgados por ahora. Según explicó, la reserva busca evitar que sus integrantes conozcan anticipadamente las operaciones que preparan los cuerpos de seguridad.
La decisión se apoya en una reforma al Código Penal aprobada en 2026.
El Decreto 84-2026 amplió el concepto de asociación terrorista e incluyó expresamente estructuras criminales nacionales o transnacionales como maras o pandillas, organizaciones dedicadas al narcotráfico y secuestro y otros grupos que ejerzan intimidación colectiva, violencia sistemática, control territorial o dominio social sobre comunidades.
La reforma permite así que determinadas estructuras del crimen organizado sean tratadas bajo la legislación sobre terrorismo siempre que cumplan los requisitos establecidos por la ley.
La declaratoria, sin embargo, no elimina la obligación de individualizar responsabilidades. La pertenencia, participación o financiamiento deberá ser acreditada dentro de procesos judiciales y con las garantías correspondientes.
Otra de las decisiones anunciadas es la creación de un régimen especial de comunicación para personas vinculadas con organizaciones declaradas terroristas y para privados de libertad considerados de alta peligrosidad.
Zambrano adelantó que el Congreso recibirá una reforma para endurecer los controles sobre comunicaciones desde las cárceles y permitir que acusados vinculados a estas estructuras sean trasladados a módulos de máxima seguridad aun cuando estén bajo prisión preventiva y todavía no tengan una condena firme.
El argumento oficial es impedir que dirigentes criminales continúen coordinando extorsiones, homicidios u otras actividades desde los centros penitenciarios.
El CNDS también decidió crear un circuito judicial especializado.
El esquema incluiría jueces, tribunales de apelación y fiscales dedicados exclusivamente a investigar y conocer casos relacionados con terrorismo y con las estructuras declaradas bajo esa categoría.
Las autoridades participantes tendrían medidas especiales de protección debido al nivel de riesgo asociado a estas investigaciones.
Otro componente será la Agencia Nacional contra el Crimen (ANC), cuyo reglamento ya fue aprobado.
La nueva instancia deberá coordinar Policía Nacional, Fuerzas Armadas, organismos de inteligencia, Ministerio Público, Poder Judicial y otros operadores de justicia. Zambrano informó además el nombramiento de un oficial militar como coordinador de la entidad. Distintos reportes publicados este sábado muestran variaciones en el nombre completo informado, por lo que conviene esperar la comunicación oficial de designación antes de precisarlo.
La decisión más significativa es que, por ahora, no se retomará el estado de excepción que había sido analizado días antes por Seguridad.
Zambrano sostuvo que las nuevas reformas ofrecerían suficientes herramientas para perseguir a las estructuras criminales sin suspender nuevamente garantías constitucionales de forma territorial.
Esto marca una diferencia frente al régimen aplicado entre diciembre de 2022 y enero de 2026, basado en restricciones temporales de derechos y facultades extraordinarias para las fuerzas de seguridad.
El paquete contempla además fortalecer la Policía Militar de Orden Público y ampliar unidades especiales de la Policía Nacional como TIGRES, Cobras y GOET.
El CNDS autorizó buscar recursos para adquirir armas, chalecos, vehículos, tecnología y drones, mientras las instituciones deberán comenzar las operaciones con el equipo disponible.
