En medio de la tensión que se vivió durante todo el día en el Congreso de la Nación con el debate en la Cámara de Diputados, trabajadores de la salud realizaron un importante reclamo en la Plaza de Mayo para rechazar el ajuste en el sector y para reclamar mejores partidas presupuestarias al Gobierno.
La movilización que estuvo bajo la consigna de «Marcha Federal de la Salud“, concentró tanto a trabajadores del sector como a agrupaciones sociales que se hicieron presentes en el centro porteño durante toda la tarde. Además, estuvieron presentes sindicatos y organizaciones de pacientes que se ven afectados por los recortes en algunas áreas.
Esta amplia convocatoria marchó desde la puerta del Ministerio de Salud de la Nación hasta la Plaza de Mayo para exigir más financiamiento y denunciar lo que describen como un proceso de deterioro del sistema sanitario público.
La protesta fue impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) junto al Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), espacio que reúne a gremios como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Aceiteros, Aeronáuticos, Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), Conadu Histórica, Papeleros y Molineros, entre otras organizaciones. También participaron el Foro por el Derecho a la Salud y agrupaciones de pacientes que alertan por el estado del sistema ante la llegada del invierno.
Desde la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA Autónoma) plantearon el eje central del reclamo: mayor presupuesto y una recomposición salarial urgente para el sector. El reclamo apunta directamente al presidente Javier Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, a quien señalan como responsable de la política de recortes en la cartera sanitaria. La movilización contó además con el respaldo del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de su ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.
Uno de los ejes del planteo gira en torno a los números: los organizadores y el Foro por el Derecho a la Salud denuncian un recorte presupuestario de 63.000 millones de pesos en las partidas públicas sanitarias. Entre los programas más afectados señalan el Programa Remediar, que redujo la entrega gratuita de botiquines esenciales a centros de atención primaria, y el PAMI, cuyo presupuesto habría sufrido una reducción del 40%, con impacto directo sobre los salarios de los médicos de cabecera.
El médico sanitarista Leonel Tesler advirtió, en la previa de la movilización, que “el sistema estatal está en una crisis sin pandemia” y describió un escenario de hospitales sobrecargados y equipos de salud desgastados por el aumento sostenido de la demanda. Según los organizadores, parte de esa presión proviene de personas con obra social o medicina prepaga que migraron al sistema público ante la dificultad para sostener los costos del sector privado, lo que genera una demanda creciente sobre una red con menos recursos.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue uno de los oradores más contundentes de la jornada. “La salud es un derecho humano y social, pero este Gobierno la quiere convertir en un negocio. Lo tenemos que evitar”, afirmó ante la multitud reunida en Plaza de Mayo. Aguiar también advirtió sobre el riesgo de cierre de servicios hospitalarios: “El ajuste sobre la salud dejó de ser una discusión presupuestaria, se está traduciendo en enfermedad y muerte”, sostuvo.
Otro de los puntos de alarma que marcaron los manifestantes fue el Calendario Nacional de Vacunación: denuncian demoras y desfinanciamiento que, advierten, podrían derivar en brotes de enfermedades virales. Los convocantes señalaron además dificultades en el acceso a medicamentos, reducción de programas sanitarios y demoras en tratamientos como consecuencias directas del ajuste presupuestario, con mayor impacto sobre los sectores que dependen exclusivamente de la atención pública.
La protesta no se limitó a Buenos Aires. En paralelo a la concentración en Plaza de Mayo, se replicaron marchas y actividades en distintas ciudades del interior del país, entre ellas Rosario, Santa Fe, Gualeguaychú y Jujuy, en lo que los organizadores describieron como una respuesta federal al ajuste en el sistema sanitario.
