El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, reclamó el lunes ante la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Ciudad de Panamá, apoyo hemisférico concreto al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz, al tiempo que calificó a Cuba de “Estado fallido” y exigió reformas inmediatas al régimen de La Habana, en el poder desde hace 67 años sin haber convocado una elección libre.
La intervención de Landau se produjo en un momento de particular tensión regional. Bolivia atravesó durante casi dos meses una crisis que comenzó a principios de mayo con bloqueos de rutas promovidos por sectores campesinos y sindicales vinculados al ex presidente Evo Morales, opuestos al gobierno de Paz. En su punto más crítico, llegaron a registrarse cerca de 90 puntos de corte vial activos en seis departamentos. La Defensoría del Pueblo boliviana documentó al menos 14 fallecidos entre el 1 de mayo y el 1 de junio, mientras las pérdidas económicas superaron los 1.600 millones de dólares, según proyecciones del sector privado.
El presidente Paz declaró el estado de excepción el 20 de junio para despejar las carreteras y restablecer el suministro de alimentos, medicamentos y combustible. La medida surtió efecto sin enfrentamientos graves: para el 23 de junio, víspera de la asamblea, todos los puntos de bloqueo habían sido levantados. El acuerdo alcanzado el 19 de junio entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) para crear mesas de trabajo sectoriales contribuyó al repliegue de los manifestantes y dejó políticamente aislado a Morales, quien aceptó un compás de espera en las movilizaciones sin haber logrado su objetivo central: la renuncia del mandatario.
Ante ese telón de fondo, Landau fue directo en su mensaje a los estados miembros. “Bolivia está enfrentando una crisis”, afirmó. “Los ciudadanos bolivianos eligieron un rumbo claro el año pasado cuando eligieron al presidente Rodrigo Paz. Ese mandato democrático ha sido respondido con violencia por quienes perdieron en las urnas. Esto no es una disputa política; es un ataque a la democracia misma”. El subsecretario instó a todos los países miembros a respaldar las llamadas de Bolivia en favor de “una acción significativa” en defensa del orden constitucional. Previo a la asamblea, Washington y Buenos Aires coorganizaron un evento lateral para solidarizarse con el gobierno de Paz y denunciar a quienes buscan derrocarlo.
Sobre Cuba, Landau no dejó margen para la ambigüedad: describió a la isla como un Estado fallido, aliado de los adversarios de Washington, con larga historia de erosionar instituciones democráticas y fomentar la inestabilidad en el hemisferio. “El régimen autoritario y comunista de La Habana —que lleva 67 años en el poder sin haber celebrado una elección— está colapsando y debe implementar reformas económicas y políticas inmediatas. No tiene otra opción”, afirmó ante la asamblea.
Sus palabras llegaron en un momento de máxima presión sobre la isla. El 19 de junio, apenas cuatro días antes de la asamblea, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó un paquete de 176 reformas económicas —la transformación más profunda del modelo cubano desde el Período Especial de los años noventa— en respuesta a una crisis agravada por el corte del suministro de petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro en enero y por las restricciones energéticas impuestas por Washington. El primer ministro Manuel Marrero Cruz reconoció ante el Congreso que el bloqueo estadounidense ha llegado a “interrumpir el suministro de combustibles y todas las fuentes de ingreso en divisas del país”, con un impacto directo sobre la infraestructura energética y la calidad de vida de la población.
La administración Trump consideró las reformas insuficientes. El secretario de Estado Marco Rubio fue taxativo: “Cuba tiene una economía que no funciona y un sistema político que no logran reparar. Lo que anunciaron no resulta lo suficientemente drástico. No va a solucionar el problema”. Para Washington, el paquete de medidas no toca el núcleo del sistema político y responde más a la presión externa que a una apertura genuina. Landau, en esa línea, extendió el mismo reproche a Nicaragua y exigió “tolerancia cero” con los regímenes totalitarios en el hemisferio.
El discurso también trazó un balance de la OEA desde la asamblea de 2025, celebrada en Antigua y Barbuda, donde el propio Landau había advertido que el organismo padecía de “escasez de resultados”. Entre los avances reconocidos, destacó el papel de la OEA en la aprobación unánime del apoyo a la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití, que allanó el camino para la posterior resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que autorizó operaciones contra grupos armados. Sin embargo, advirtió que la renovación de ese mandato no debe darse por garantizada y exhortó a los estados a intensificar su contribución con financiamiento, equipamiento y personal.
El peso financiero de Washington en la OEA es un factor permanente de presión: Estados Unidos aporta cerca del 50% del presupuesto ordinario del organismo —unos 47 millones de dólares en 2026— y la administración Trump ha retenido parte de esa contribución mientras mantiene abierta la posibilidad de retirarse si la institución no demuestra resultados concretos. La resolución de la crisis boliviana justo antes de la cumbre ofrece a la Casa Blanca un argumento para reclamar mayor agilidad del organismo cuando la violencia política desafía mandatos electorales, pero el desafío estructural de la OEA sigue siendo el mismo: convertir la presión en mecanismos de respuesta que no dependan exclusivamente del músculo diplomático estadounidense.
