La Justicia de Catamarca elevó a juicio la causa que investiga a dos padrinos acusados de abuso sexual infantil y producción de material de explotación sexual, en un expediente que involucra a una niña de un año y ocho meses. Ambos imputados permanecen en libertad desde marzo, tras la revocación de la prisión preventiva ordenada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Exhortos, lo que motivó protestas de familiares y allegados de la víctima.
El caso se originó en octubre de 2024, cuando la menor quedó al cuidado de personas de su círculo de confianza. La investigación, impulsada por la Fiscalía de Instrucción N°4 y liderada por Ricardo Córdoba Andreatta, recopiló una serie de pruebas: denuncias, testimonios, exámenes médicos, pericias psicológicas y psiquiátricas, análisis de dispositivos electrónicos y actuaciones policiales. El expediente fue elevado a juicio luego de que la fiscalía consideró que se alcanzó el grado de probabilidad suficiente para que los acusados enfrenten un proceso oral, según reportó Inforama.
La acusación formal sostiene que el hombre afronta cargos por abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la guarda, producción de imágenes de abuso sexual infantil y tenencia de material pornográfico infantil. Por su parte, la mujer está imputada por producción de imágenes de abuso sexual infantil en calidad de coautora. Las pruebas recabadas permitieron a la fiscalía avanzar hasta la instancia de juicio, y la notificación ya fue enviada a todas las partes involucradas.
En marzo, el tribunal consideró que no existían elementos suficientes para acreditar riesgos procesales que justificaran mantener la detención preventiva de los imputados mientras avanza la causa. La decisión de liberar a los imputados provocó un fuerte rechazo en la familia de la víctima, que reclama mayor celeridad y nuevas medidas de restricción.
La madre de la menor relató el impacto que tuvo la decisión judicial en diálogo con El Ancasti: “Nosotros estamos pidiendo que les sea colocado un dispositivo a ellos, que sería un monitoreo; y una caución a estas personas de 3 millones de pesos, mínimo. Ellos han salido como si nada a la calle. No es justo esto”. La mujer también manifestó que la familia no recibe asistencia psicológica por parte del Estado y que el único apoyo que espera es una respuesta efectiva por parte de la Justicia.
Luego de esa decisión, la fiscalía ordenó que los imputados establezcan un domicilio fijo, se presenten cada semana ante la Justicia, no salgan de la provincia sin autorización judicial y mantengan distancia de la presunta víctima. Por su parte, la madre de la menor subrayó el sentimiento de desprotección que atraviesa la familia. “Ellos han salido como si nada a la calle, teniendo la carátula que tienen. Eso ha generado bronca en mí porque me siento impotente. Tratamos de sobrellevarla, intentamos estar bien por nuestras hijas y que ellos se pasen como si nada”, declaró.
En paralelo, los abogados querellantes, Sebastián Ibáñez y Bruno Jerez, reiteraron su oposición a la liberación de los padrinos. La fiscalía solicitó copias certificadas de una denuncia por daños contra un vehículo presentada por un vecino, ocurrida después de la excarcelación de los imputados, para evaluar si existen nuevos elementos que ameriten restricciones adicionales.
Los padrinos de la beba continúan en libertad bajo vigilancia judicial y medidas restrictivas, pero sin condena firme. “No voy a bajar los brazos, voy a luchar por mi hija porque ella obtenga justicia”, aseguró la madre de la beba. Con el proceso judicial en marcha, las expectativas están puestas en el debate oral y en que la Justicia adopte medidas que garanticen la seguridad de la víctima y el avance del caso.
