Desde un primer momento, el Gobierno marcó su postura de no intervención respecto a la mora, al definirlo como un “problema entre privados” en donde el Estado no debe meterse. Pero, este martes en conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, fue más allá y sostuvo que rescatar a los morosos implicaría usar recursos de los pagadores de impuestos para salvar a los bancos.
“El problema acá, en gran parte, es de los bancos y de las entidades financieras no bancarias que han otorgado créditos con tasas de interés elevadas, para cubrirse quizás de los riesgos que estaban asumiendo, y esto ha dejado comprometidas a estas entidades financieras. Salvar esta situación desde el Gobierno con dinero de los pagadores de impuestos de alguna manera implicaría tomar recursos de una parte de la población para salvar a los bancos”, sostuvo Ravier en conferencia de prensa.
Es que para el Gobierno el aumento de la morosidad es el resultado de la política crediticia que implementaron bancos y financieras durante los últimos años. Según el vocero presidencial, el sistema dio líneas de crédito con tasas elevadas, con el objetivo de protegerse ante posibles escenarios adversos. Esa estrategia, lejos de blindar a las entidades, las expuso al deterioro por la dificultad de pago de las familias y particulares.
Como también del ataque de la política en el Congreso. “Las líneas de crédito se incrementan en 2024, las moras aparecen en el contexto de 2025, en concreto con el ataque político del Congreso que votó con mucha irresponsabilidad los proyectos de ley que no tenían un financiamiento claro”, sostuvo Ravier. Según su análisis, ese contexto impactó en la demanda de dinero, el tipo de cambio y las tasas de interés, dificultando el cumplimiento de las obligaciones para muchos hogares.
Sin crisis
Las declaraciones de Ravier se dieron luego de que ayer en la reunión de gabinete, el presidente Javier Milei ratificó que los números la morosidad “no representa una situación crisis” y que los datos muestran una tendencia a la baja. Lo que se base en el último Informe sobre bancos que publicó Banco Central de la República Argentina (BCRA), que señaló que la morosidad en el sector privado bajó de 7,7% en mayo a 7,6% en junio. Ese movimiento refuerza la convicción oficial de que no existen motivos para intervenir con fondos estatales.
Ante estos datos, el Gobierno se ilusiona en que en mayo se haya alcanzado el pico de mora y que a partir de los próximos meses comience a bajar el dato de irregularidad crediticia. Aunque saben que se trata de un proceso lento: para que una persona pase de moroso a no moroso tarda entre seis y 12 meses según la situación.
Sin embargo, el equipo económico necesita mostrar que la situación de morosidad comenzó a corregirse. Durante la conferencia de prensa por la flexibilización de los créditos en dólares, el viceministro de Economía, José Luis Daza, dio a entender que podrían trabajar una nueva publicación de datos que muestra la evolución de la mora además de la del BCRA.
Líneas de refinanciamiento
Como para Milei nadie le puso una pistola en la cabeza a las personas que sacaron un crédito que hoy no pueden pagar, las únicas herramientas de asistencia que dará el Gobierno Nacional a quienes se encuentran en mora son las líneas de refinanciación de deudas a través del Banco de la Nación Argentina (BNA).
Sin embargo, el kit de soluciones para ordenar las obligaciones financieras, ofrece Tasa Nominal Anual (TNA) por encima de las proyecciones de inflación tanto para la consolidación de deudas -hasta $100 millones– con 65% como para la refinanciación de los saldos de tarjeta de crédito -hasta $10 millones– con 35%, que no termina siendo el total de los interés que se pagan ya que se debe mirar el Costo Financiero Total (CFT).
El pedido de los bancos
En los argumentos de no intervención respecto al problema de la mora, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, sostuvo que son los propios bancos quienes piden que el Gobierno no se involucre. “No es que tengamos una serie de pedidos de solución y no los estemos atendiendo. Estamos escuchando y analizando; por ahora, esta nos parece que es la mejor alternativa”, marcó en la conferencia de prensa.
El Gobierno atribuye la suba de la morosidad a la suma de factores políticos y económicos, en particular al efecto de proyectos de ley sancionados sin financiamiento adecuado, lo que alteró la dinámica de tasas y el acceso al crédito. Al mismo tiempo, la administración de Milei desliga al Estado de la obligación de asistir a los bancos y sostiene que el costo de la morosidad debe recaer en quienes otorgaron los créditos y en los propios deudores.
