Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, a cargo del nuevo juicio por la muerte de Maradona, mostraron, desde el primer día, una actitud resolutiva y de celeridad en la causa. Con esa postura lograron esquivar los obstáculos que hubo al comienzo del debate oral y llegar así al cuarto mes de audiencias sin interrupciones. Pero el gran desafío llegó hace dos semanas, cuando surgió un insólito problema, típico del mundo maradoneano.
Cuando el juicio parecía encausado, lejos de cualquier escándalo que lo haga tambalear y cerca del final, un abogado -Nicolás D’Albora, que defiende a la imputada Nancy Forlini- advirtió que los peritos de la Junta Médica habían analizado una serie de estudios de laboratorio que no eran del Diez, sino de su padre. El error en los documentos desató una crisis por la posibilidad real de que algunos de esos resultados alteraran las conclusiones de los expertos sobre algún aspecto de la salud de Diego, que es el eje central del caso.
Durante esas primeras 72 horas, la mayoría de los defensores analizó todo tipo de escenarios, incluso la nulidad de la prueba, que es una de las más importantes que tiene la fiscalía contra los acusados. Al mismo tiempo, los querellantes admitieron estar enojados y discutieron sobre quién tenía la responsabilidad de que esos documentos estén en el expediente. Ambas partes definieron el episodio como un escándalo y un papelón. Mientras, los fiscales aseguraban que el conflicto se podía resolver sin llegar a ningún extremo.
La situación se tornó incómoda por esas horas. La audiencia siguiente quedó invadida por un clima de tensión, de todos contra todos. La fiscalía acusó a Nicolás D’Albora de saber de este error desde el comienzo y no advertirlo apropósito. El letrado, por otro lado, explicó que lo expuso apenas lo notó para evitar que se descubra tras la resolución de los jueces al final del proceso. También se habló de una operación mediática.
El tribunal, sin embargo, puso paños fríos a la situación y se limitó a resolver. Así, ordenó registrar la sede central de Swiss Medical y del sanatorio Los Arcos de Palermo -donde Don Diego se había realizado los estudios que se traspapelaron en la causa- y recuperaron los archivos correctos. En esos procedimientos, la prepaga aportó un escrito donde explicó que la confusión fue un “error involuntario”. El episodio, no obstante, se investiga en una causa paralela que tramita en la UFI N°1 de San Isidro, cuya apertura también fue ordenada por los jueces.
Ya con la nueva prueba en mano, los jueces dieron lugar a una propuesta reparadora de la fiscalía: volver a citar a los peritos que ya habían declarado para que ratifiquen sus informes o expliquen qué cambios harían con los nuevos resultados. Algunos defensores se opusieron, pero el tribunal no dio lugar.
El diario del lunes le dio la razón a los fiscales, que desde el comienzo de la nueva crisis dijeron que el conflicto era fácilmente reversible. Es que, de la totalidad de los estudios de Don Diego incorporados al expediente, se constató que solo se tuvieron en cuenta unos ocho en la Junta Médica.
Además, el nefrólogo y el cardiólogo que ya habían prestado declaración, volvieron a los tribunales de San Isidro y aseguraron que los nuevos resultados no alteraban sus conclusiones: ratificaron, entre otras cosas, que Diego Maradona tenía síndrome cardiohepatorrenal y una enfermedad renal crónica.
Esta semana continuarán declarando los otros peritos que participaron de la pericia. En total faltan cinco expertos. Cuando finalicen sus testimoniales, el juicio seguirá con la declaración de los testigos de las querellas y las defensas.
