El 2 de enero pasado, un grupo de guardavidas que entrenaba en el camping de la Reserva Natural Pehuén Có, en la ciudad bonaerense de Monte Hermoso, encontró en la orilla un bolso negro. Al abrirlo, hallaron una carga de ladrillos de cocaína con un grado de pureza superior al 70 por ciento. El conteo posterior determinó que el bolso contenía 35 kilos de la droga, en piezas de 1,1 a 1,2 kilos cada una.
Ese hallazgo desencadenó una investigación que derivó en los últimos días en la caída de una banda narco, la incautación de casi 500 kilos de cocaína y la detención de cinco sospechosos.
El Ministerio Público Fiscal de Bahía Blanca junto con la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) establecieron que la maniobra original no fue un hecho aislado. Los investigadores creen que el bolso hallado en enero habría formado parte de un cargamento mayor, preparado para ser trasladado desde una embarcación pequeña hasta un buque de ultramar mediante una modalidad conocida como “rip off-drop off”.
Este método consiste en acercar lanchas deportivas a buques de gran calado en plena hidrovía, para izar la droga a bordo y luego transportarla a destinos internacionales, sin que la carga quede registrada en los controles portuarios.
Existen antecedentes recientes del “rip off-drop off”. Un documento de la fiscalía cita casos previos de bolsos impermeables con cocaína localizados en aguas del Río de la Plata y la ría de Bahía Blanca, y señala que la ruta marítima desde América del Sur hacia Europa o América del Norte es la preferida por las organizaciones narcocriminales.
El 90 por ciento de la cocaína mundial se produce en Sudamérica, y el 70 por ciento se traslada por mar, según datos de Naciones Unidas.
De acuerdo a la acusación, entre marzo de 2025 y agosto de este año, la agrupación actuó en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, como Monte Hermoso, San Nicolás de los Arroyos, Ramallo y el Área Metropolitana, con epicentro logístico en la hidrovía del río Paraná.
En la causa se detalla que el grupo criminal utilizaba vehículos, lanchas, tecnología de rastreo y comunicaciones satelitales. Contaban con al menos tres rodados y tres embarcaciones disponibles.
El expediente también alude a compras de insumos náuticos, como bolsos impermeables de 80 litros, binoculares con visión nocturna, motores eléctricos y dispositivos de rastreo satelital, así como transferencias de dinero entre los implicados.
Para la fiscalía, los movimientos económicos y la adquisición de equipos estaban claramente orientados a facilitar estas maniobras de “contaminación” de buques y el camuflaje de los cargamentos.
El último operativo tuvo lugar el sábado pasado, unos minutos antes de la medianoche, en el kilómetro 351 del río Paraná, a la altura de la Rada Norte de San Nicolás, cuando una lancha semirrígida se aproximaba a un buque que navegaba aguas arriba. Cuatro hombres preparaban siete bolsos estancos para izarlos a la nave mayor. Fue en ese momento que el personal de la Prefectura Naval Argentina interceptó la embarcación y secuestró 232 kilos de cocaína.
En el lugar fueron detenidos Damián Andrés Leyria, Antonio Gustavo Straccia, Jorge Eduardo Ayala y Jorge Alberto Miño, bajo la acusación de contrabando triplemente agravado y tráfico agravado de estupefacientes, ambos por la intervención de tres o más personas y la cantidad de droga destinada al comercio internacional.
Al día siguiente, las autoridades allanaron domicilios vinculados a ellos. En uno de los operativos, en la ciudad de Ramallo, se encontraron otros 267 kilos del mismo estupefaciente, repartidos en ocho bolsos negros.
Ese cargamento de droga estaba en un garage, en paquetes impermeabilizados, con los cabos listos para el izado. “Puede deducirse que dicho material estupefaciente tenía el mismo destino que aquel hallado a bordo de la embarcación interceptada, es decir ser transportado en una embarcación pequeña, en el contexto de una operación de contaminación de un buque trasnacional de mayor porte que se encontraba en navegación en el río Paraná, con destino internacional”, dedujo la fiscalía.
En otro procedimiento, en Bernal Oeste, partido de Quilmes, fue detenido un quinto sospechoso: Sebastián Di Seri.
Dos de los arrestados registraban antecedentes. Leyria fue condenado a 16 años de prisión en julio de 2019 por robo doblemente calificado, robo calificado con el uso de arma de fuego apta para producir disparos y por su comisión en despoblado y en banda, y privación ilegal de la libertad.
Además, durante la ejecución de esa pena, incumplió con las obligaciones derivadas del beneficio de salidas transitorias y permaneció prófugo durante un año cuando cometió los hechos por los que fue posteriormente condenado.
Por su parte, Straccia registra una condena a 2 años y 2 meses de prisión por tenencia ilegal de arma de guerra, dictada en abril de 2024 por un tribunal de Quilmes.
El análisis de las transferencias bancarias y las escuchas telefónicas, entre otras medidas de prueba, revelaron los vínculos entre todos los acusados y la planificación de la maniobra. Por eso, la fiscalía pidió la prisión preventiva para los cinco.
En el caso interviene el Juzgado Federal de Garantías de Bahía Blanca N°2, a cargo de la jueza María Gabriela Marrón.
