Ariel Rey, propietario de Distribuidora Rey en San Pedro, provincia de Buenos Aires, cuestionó la absolución de Maximiliano Cabaleyro y otros seis acusados por el bloqueo de su empresa en 2021, luego de que el Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Nicolás considerara que la medida respondió a una protesta sindical legítima. El empresario anticipó que buscarán revertir la sentencia mediante un recurso de casación y afirmó que el fallo “justificó un delito”.
La resolución descartó los cargos de extorsión y turbación de la posesión contra Cabaleyro, titular del Sindicato de Camioneros local. La fiscalía había solicitado una condena de 10 años de prisión efectiva y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el mismo período, mientras que los abogados de la familia Rey habían pedido una pena de 15 años.
El juez Alejandro López, único integrante del tribunal, entendió que el dirigente sindical impidió el ingreso a la compañía durante cinco días como parte de un reclamo laboral y no mediante un bloqueo. La sentencia aún no difundió su texto completo.
Rey sostuvo que esa interpretación deja sin respuesta a los empresarios que denuncian impedimentos para trabajar. “Acá tenemos el fallo de un juez que justificó el delito y eso hay que decirlo con todas las letras”, expresó en diálogo con Mitre.
El dueño de la pyme planteó que los reclamos laborales y el derecho de huelga están contemplados por normas vigentes, pero diferenció esas herramientas de las conductas que atribuyó a los acusados. Según su relato, la situación incluyó bloqueos, amenazas y pedidos de dinero para permitir el funcionamiento de la empresa.
“¿Para qué existen las normas? ¿Para qué hay una norma vigente que ampara el derecho a huelga, el derecho a reclamo laboral?”, preguntó. Luego agregó que un grupo no puede instalarse frente a una compañía, impedir sus tareas y exigir condiciones a sus propietarios.
La investigación judicial se originó por los hechos ocurridos en febrero de 2021 en Distribuidora Rey, una empresa familiar de San Pedro. La acusación sostuvo que integrantes de Camioneros bloquearon el acceso a la planta para reclamar que sus 35 trabajadores pasaran al convenio del sindicato y dejaran de estar afiliados al gremio de Comercio.
Rey relató que el conflicto se había iniciado antes, cuando el sindicato exigió el cambio de encuadramiento de los empleados. La empresa aceptó ese pedido, pero luego cuestionó la designación de un delegado que, de acuerdo con el empresario, no cumplía con sus obligaciones laborales y fue sancionado.
El propietario afirmó que su familia dejó de realizar pagos mensuales al sindicato que describió como una “contribución” para poder trabajar sin conflictos. Tras esa decisión, dijo, recibieron una advertencia atribuida a Fernando Espíndola, otro representante de Camioneros que había sido detenido junto con Cabaleyro en abril de 2022.
“El 14 de enero recibimos una amenaza contundente de Espíndola: ‘Bueno, si no vas a poner, vamos a ver qué dice Cabaleyro’”, contó Rey. Al día siguiente, según su versión, las cámaras de seguridad registraron a unas 15 personas frente al establecimiento, entre empleados y delegados gremiales, que formaban un cordón humano junto a la única salida de los camiones.
“Darle plata, si no, no laburás”, resumió. También afirmó que esas acusaciones fueron respaldadas con testigos y otras pruebas incorporadas al expediente.
La absolución derivó en la liberación inmediata de Cabaleyro, quien cumplía prisión domiciliaria. El tribunal también eximió de responsabilidad a los otros seis imputados que participaron del episodio investigado.
La reacción de Rey estuvo atravesada por la preocupación sobre una eventual repetición de los hechos. Cabaleyro reside en San Nicolás y el empresario señaló que ambos se mueven en la misma zona del norte bonaerense.
“¿Qué tengo que hacer según el juez si Maximiliano Cabaleyro vuelve mañana a mi negocio y me bloquea?”, preguntó. “¿Me tengo que comprar como legítimo usuario un arma? ¿Eso está diciendo el juez? ¿Me tengo que defender así?”.
El empresario aclaró que no cuestiona las protestas ni los derechos de los trabajadores. Su planteo apunta a que, a su entender, la sentencia validó acciones que exceden una medida gremial y afectaron el funcionamiento de una compañía privada.
“¿Qué tiene que hacer la pyme que es extorsionada por la mafia sindical de acuerdo a este juez?”, insistió. Para Rey, la señal que deja el fallo es que un comerciante puede verse obligado a “arreglar” con quienes ejercen presión sobre su actividad.
