El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) mantendrá el despliegue de su red 5G en Costa Rica después de que la Contraloría General de la República validara parte de la adjudicación y anulara otra. La resolución del 9 de julio dejó en pie los componentes tecnológicos centrales del proyecto y obligó a repetir una parte de la licitación cuestionada por fabricantes.
La resolución avaló las líneas vinculadas con la red de acceso de radio y el núcleo móvil 5G, pero anuló las partidas relacionadas con los elementos de conectividad. Según DPL News, la Contraloría validó las líneas 1, 2 y 3 y rechazó las tres restantes.
Esa decisión implica que la empresa estatal deberá volver a licitar una parte del cartel para el despliegue de la red. DPL News sostuvo que la medida modifica otra vez el cronograma original y retrasa la disponibilidad comercial de los servicios 5G.
El Instituto Costarricense de Electricidad sostuvo una lectura distinta. Citado por El Mundo CR, afirmó que la anulación parcial no afecta el calendario inicial de despliegue ni los planes de comercialización de la red de quinta generación.
¿Qué componentes quedaron adjudicados?
De acuerdo con la resolución, el ente contralor ratificó la adjudicación de los componentes que el ICE considera esenciales para construir la red. Se trata de la red de acceso de radio y del núcleo móvil 5G, sobre los que el Instituto prevé implementar una arquitectura Open RAN Stand Alone.
Según el ICE, esa tecnología dará mayor flexibilidad, favorecerá la interoperabilidad entre fabricantes y reforzará la capacidad de evolución de la infraestructura nacional. La empresa enmarcó el proyecto en un proceso de modernización del ecosistema de telecomunicaciones costarricense orientado a elevar la competitividad y acelerar la transformación digital.
El gerente de Telecomunicaciones del ICE, Oscar Romero, defendió el avance del proyecto: “Avanzamos… con el compromiso de ofrecer infraestructura segura y preparada para responder –como siempre lo hemos hecho– a las necesidades de comunicación de Costa Rica con la innovación y la tecnología más moderna que se ofrece a nivel mundial”.
¿Cómo impacta la decisión en el proceso?
La decisión no canceló el despliegue, pero tampoco lo dejó intacto. La base tecnológica principal sigue adjudicada y el Instituto asegura que avanzará, mientras una parte de la contratación deberá repetirse por orden de la Contraloría.
La resolución llegó pocos meses después de la adjudicación del contrato principal para el despliegue de la red 5G. Tras revisar los recursos presentados por distintos fabricantes, la Contraloría concluyó que una parte de la contratación debía rehacerse, con una nueva licitación para esos componentes específicos.
Ese nuevo capítulo prolonga un proceso atravesado por apelaciones, revisiones técnicas y controversias entre proveedores. Según DPL News, algunas empresas alegaron que el proceso podía afectar principios de competencia y transparencia.
El caso escaló fuera del plano administrativo
El caso también salió del plano administrativo. De acuerdo con el medio local La República, citado por el diario, algunos proveedores llevaron sus preocupaciones ante autoridades de Estados Unidos dentro de mecanismos de seguimiento comercial entre ambos países.
Aunque esa intervención no supone una acción directa sobre la contratación pública costarricense, sí incrementa el escrutinio internacional sobre el proceso. El reclamo aparece en un contexto en el que Estados Unidos impulsa políticas para fortalecer cadenas de suministro confiables y promover entornos competitivos en infraestructura digital y telecomunicaciones en la región.
Costa Rica arrastra desde hace años demoras en el desarrollo de su ecosistema 5G. La asignación de espectro y los procesos licitatorios han enfrentado objeciones de operadores, fabricantes y organismos reguladores, mientras otros mercados latinoamericanos avanzan con redes comerciales. En abril el ICE anunció la adjudicación a la compañía sueca Ericsson, en una operación que supera los 220 millones de dólares. La decisión marcó el cierre de un proceso licitatorio que enfrentó múltiples obstáculos desde 2022.
