El gobierno nacional, a través de un comunicado oficial difundido por la Cancillería, se pronunció hoy sobre la escalada diplomática con Chile por las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, el brigadier general Gustavo Javier Valverde, en relación a la soberanía del Estrecho de Magallanes y la necesidad de “hacer presencia ahí porque eso es una llave bioceánica Atlántico-Pacífico”.
Ante el anuncio por parte del gobierno chileno sobre el envío de una nota de protesta formal, el texto evita mencionar a Valverde y reitera que “la posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984” y recuerda que “ambos instrumentos rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina”.
El pasado domingo, y en una entrevista La Fábrica del Podcast, Valverde sostuvo que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica Atlántico Pacífico. Eso te puede alertar un montón de cosas”. La reacción desde Chile no se hizo esperar. Más allá del comunicado formal, un importante funcionario del gobierno argentino señaló a Infobae que el jefe del Estado Mayor General de la FFAA “se equivocó”.
El comunicado introdujo, además, otro elemento: vinculó el extremo austral con la Cuestión Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, a los que definió como “espacios de creciente centralidad por sus recursos naturales estratégicos, por su rol en las rutas marítimas y las cadenas globales de suministro”. También enumeró instancias concretas de cooperación bilateral: el reconocimiento mutuo de derechos antárticos, la coadministración de zonas protegidas, más de 25 años de la Patrulla Antártica Naval Combinada y la presentación conjunta de una propuesta de Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional.
Para finalizar, sostuvo que “la República Argentina reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile y con el tratamiento de todas las cuestiones de interés común por los canales institucionales establecidos entre ambos Gobiernos”. En la práctica, un pedido implícito de que el episodio no escale y que el diferendo se resuelva entre cancillerías.
La reacción de Santiago había sido más frontal. El canciller Francisco Pérez Mackenna lanzó “un severo llamado a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos”, con el agregado de que “el Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, fue más directo: “Nos llama la atención que se levanten cada cierto tiempo este tipo de declaraciones, porque aquí no hay nada que discutir respecto a la soberanía y respecto a quién corresponde el Estrecho de Magallanes”.
Este episodio se inscribe en una serie de roces bilaterales acumulados desde la llegada de Milei al poder. En abril de 2024, parte de los paneles solares instalados por la Armada Argentina en el Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1, en el Cabo Espíritu Santo en Tierra del Fuego, quedó aproximadamente tres metros dentro de territorio chileno. El entonces presidente Gabriel Boric exigió el retiro con un ultimátum —“O los sacan ellos o lo hacemos nosotros”— y Argentina procedió a desmontar la infraestructura en junio de ese año.
En enero de 2026, el jefe del Servicio de Hidrografía Naval argentino, el contraalmirante Hernán Montero, afirmó que “la boca de Magallanes es argentina”, lo que volvió a desatar una respuesta diplomática de Santiago.
Detrás de cada uno de estos episodios persiste un antecedente formal: el Decreto 457/2021, emitido durante la administración de Alberto Fernández, que planteaba la necesidad de fortalecer la “exploración, estudio y control conjunto” del Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake. En marzo de 2025, el gobierno de Milei reconoció por escrito ante Chile que esa interpretación “constituye un error conforme lo establecen los Tratados de Límites de 1881 y de Paz y Amistad de 1984”, y prometió reemplazarlo con una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional.
El Estrecho de Magallanes se encuentra bajo soberanía chilena de acuerdo con el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, este último suscrito tras la crisis bilateral de 1978 y la mediación de la Santa Sede.
