El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal para que se investigue a los responsables de los disturbios ocurridos el 6 de agosto en las inmediaciones del Senado de la Nación Argentina. El reclamo incluye el pedido de detención de quienes organizaron, participaron o incitaron los hechos, considerados de inusitada gravedad. El caso quedó a cargo de la Justicia Federal.
La denuncia indica que la gran cantidad de manifestantes de distintas organizaciones sociales, sindicales y políticas que se congregaron durante la jornada legislativa cerca del Senado, donde se debatían leyes clave, protagonizaron incidentes que afectaron directamente a instituciones y autoridades nacionales en funciones.
De acuerdo a la presentación del Ministerio de Seguridad, los manifestantes arrojaron piedras, escombros y objetos contundentes contra personal de las fuerzas federales y algunos integrantes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos. También se registró la rotura de baldosas, bancos públicos y numerosos daños sobre vehículos e infraestructura estatal.
“Durante la sesión, la ciudadanía fue testigo de actos violentos y antidemocráticos”, afirman los funcionarios denunciantes, “que podrían haber tenido por fin establecer un clima de estrépito con el objetivo de inhibir el normal funcionamiento del Senado”.
Para el Gobierno, los hechos denunciados podrían constituir los delitos de daño agravado, atentado al orden constitucional y democrático, resistencia a la autoridad y atentado agravado a la autoridad. Además, destacaron el agravante previsto por el Código Penal cuando los actos buscan “compeler a las autoridades a abstenerse de ejercer sus funciones”.
El texto presentado ante el Juzgado Federal requiere la recolección urgente de registros fílmicos y cualquier fuente de información que permita identificar a los involucrados y los elementos usados en los incidentes, incluyendo “artefactos incendiarios y armas”.
Se pide también al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Congreso un informe integral de los daños causados a infraestructuras y un detalle sobre el perjuicio económico generado.
Asimismo, el Ministerio de Seguridad Nacional se puso a disposición de los jueces para aportar información adicional y señaló que sigue analizando los hechos para acreditar su gravedad y determinar pruebas complementarias.
Pedido de investigación a organizaciones
La denuncia enfatiza en la sospecha sobre organizaciones que podrían estar detrás de los incidentes. Se solicita “individualizar a los responsables y a todas aquellas personas que hayan colaborado, participado o instigado los hechos”.
También hicieron referencia a que los disturbios podrían haber tenido como objetivo “obstaculizar parcial o totalmente el tratamiento legislativo”, un elemento que distingue este caso de simples daños o resistencia a la autoridad.
El contexto inmediato de la denuncia son las imágenes y registros audiovisuales que circularon durante la jornada, que según el Ministerio justificarían una respuesta judicial urgente para proteger la actividad del Congreso y la seguridad de los funcionarios nacionales.
