El Gobierno nacional declaró como organizaciones terroristas a cinco grupos criminales y guerrilleros de México, Colombia y Ecuador: el Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana, las FARC-EP, el ELN y Los Tiguerones. La decisión fue comunicada la noche del miércoles por la Oficina del Presidente y se formalizó con la publicación de la resolución en el Boletín Oficial.
A través de un comunicado, el Ejecutivo argumentó que el Cártel de Sinaloa “es una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas, que ya ha sido designada como organización terrorista por múltiples países, incluido Estados Unidos, saldando una deuda de la República Argentina en su compromiso con la lucha contra el narcoterrorismo”.
Sobre La Nueva Familia Michoacana, el Gobierno indicó que mantiene actividades vinculadas al tráfico internacional de drogas y a la minería ilegal, y advirtió sobre una expansión regional. La organización tiene presencia principalmente en los estados mexicanos de Guerrero, Michoacán, Morelos y Estado de México, de acuerdo con evaluaciones de autoridades de Estados Unidos.
En el caso de Los Tiguerones, la Casa Rosada los definió como un grupo de origen ecuatoriano dedicado al narcotráfico y al sicariato. “Este grupo se dividió de Los Choneros en 2020, junto con Los Chone Killers, agrupación que también fue designada como organización terrorista en agosto de este año por la República Argentina”, indicaron en el comunicado.
Respecto de las FARC-EP y el ELN, desde la Oficina de Prensa de la Presidencia, sostuvieron que son organizaciones insurgentes de izquierda que desarrollaron estructuras con capacidad de actuación regional. El texto oficial afirmó que esas redes podrían proyectar sus actividades hacia la Argentina y representar un riesgo para la seguridad nacional.
“Sus delirantes ideas llevadas a la acción causaron uno de los mayores desastres humanitarios del último siglo en América Latina, con levantamientos armados, intentos de golpes de Estado y violaciones a los Derechos Humanos. Su capacidad operativa y su expansión regional con estructuras y redes susceptibles de proyectar sus actividades hacia nuestro país configuran un riesgo que trasciende la criminalidad estrictamente doméstica colombiana y compromete la seguridad nacional argentina”, sostuvo Presidencia.
El presidente Javier Milei reafirmó, según el comunicado, el compromiso de su administración con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional. La Presidencia afirmó que el objetivo es “identificar y combatir hasta las últimas consecuencias” a las organizaciones que emplean “la violencia, la extorsión y el terror como herramientas de acción criminal”.
La incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, conocido como RePET, fue coordinada por la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.
La resolución publicada en el Boletín Oficial formaliza la incorporación de las cinco organizaciones al RePET, el registro estatal destinado a identificar a personas y entidades vinculadas con actos de terrorismo y su financiamiento.
El sistema tiene por objetivo facilitar tanto el acceso a la información como el intercambio de información sobre personas y organizaciones que están vinculadas con actos de terrorismo o con su financiamiento. También busca fortalecer la cooperación, tanto interna como internacional, en esa misma materia.
Para incorporar a una entidad por una amenaza externa, la normativa exige que los ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores evalúen la existencia de riesgos reales o potenciales para la seguridad interior, la población o los bienes del país. En 2025, el Gobierno ya había utilizado este mecanismo para inscribir en el registro al Tren de Aragua y a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
