La administración de Santa Cruz de la Sierra, la región más poblada de Bolivia, sugirió al Gobierno de Rodrigo Paz aplicar una “intervención militar conjunta” ante una “ola de violencia extrema” que afecta al departamento tras varios asesinatos, emboscadas a policías y la reciente fuga de presos, vinculados a las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV).
El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Jorge Santistevan, afirmó que estos hechos recientes “revelan la presencia de organizaciones criminales con altas capacidades que están por encima de las fuerzas del orden y del propio Estado”.
Santistevan convocó y recomendó al Gobierno nacional que, bajo el Estado de excepción, disponga “la inmediata intervención militar conjunta, el apoyo a las fuerzas del orden para contrarrestar y desarticular, si fuera necesario, a grupos criminales de gran escala”. Además, solicitó que se autorice a la fuerza militar “hacer uso de sus armas de reglamento exenta de responsabilidad penal para una intervención eficaz y no así decorativa o disimulada”.
El funcionario sostuvo que estos hechos “no son aislados” y afectan a todo el país, no solo a Santa Cruz. El pedido se produjo horas después del asesinato de un ciudadano extranjero en el centro de la ciudad, atacado por dos presuntos sicarios, según medios locales. Más temprano, dos reclusos brasileños escaparon de la cárcel de Palmasola, la más poblada y considerada la más conflictiva del país, situada en Santa Cruz, tras un corte de luz en uno de los pabellones.
La Policía de Bolivia difundió los retratos de Alex Heleno Da Silva, detenido por asesinato, y Junior Da Silva Fernando, acusado de tráfico de armas, e inició un plan de búsqueda y recaptura tras su fuga de la cárcel de Palmasola en Santa Cruz. La semana pasada, un ciudadano brasileño fue asesinado a tiros en el municipio de San Ignacio de Velasco, en un hecho que la Policía atribuye a un ajuste de cuentas.
En otro incidente, un grupo de sicarios asesinó a cuatro personas hace una semana atrás al ingresar a una hacienda en San Matías, localidad fronteriza con Brasil. Al día siguiente, un grupo armado emboscó a agentes de inteligencia que se dirigían a esa zona para investigar el caso. Uno de los policías fue acribillado y los atacantes trasladaron su cuerpo, que luego abandonaron en una pista clandestina.
El Gobierno de Rodrigo Paz vinculó los hechos ocurridos en San Matías con las organizaciones criminales brasileñas PCC y CV, enfrentadas por el control de las rutas del narcotráfico en la frontera entre Bolivia y Brasil. Esta disputa habría generado laa ola de violencia en la zona.
El Ministerio de Gobierno anunció que la Policía Federal de Brasil abrirá próximamente una oficina permanente en Bolivia para reforzar el combate a las organizaciones criminales y facilitar el intercambio de información entre ambos países.
En medio de este panorama, la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, solicitó al Gobierno nacional reforzar la seguridad, la inteligencia policial y la lucha contra el crimen organizado. Álvarez remarcó la importancia de incrementar el control en zonas fronterizas y garantizar los recursos necesarios para la Policía y el Ministerio Público. “La ciudadanía merece vivir en paz y con la certeza de que el Estado ejercerá plenamente su obligación de proteger la vida y la seguridad de todos”, afirmó.
Ante la escalada de la violencia, Bolivia desplegó más de 200 agentes policiales en San Matías y sus alrededores, en la frontera con Brasil. El subcomandante de la Policía en Santa Cruz, Juan Carlos Rebollo, confirmó a la cadena Unitel que el contingente arribó a la localidad la noche del lunes y ya realiza labores de rastreo, registros y controles preventivos en la zona.
(Con información de EFE)
