El exjuez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez presentó una petición formal contra el Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que denuncia un patrón sistemático de persecución judicial que lo obligó a abandonar el país hace cuatro años.
El acto se realizó en el marco del 197 Periodo de Sesiones del organismo, en Ciudad de Panamá, con el acompañamiento legal del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
La petición documenta diez procesos de antejuicio impulsados en su contra desde 2016, tres de ellos abiertos de forma simultánea en 2022. Además de 25 denuncias penales y administrativas, de las cuales 21 fueron desestimadas o archivadas por falta de fundamento.
Según los peticionarios, estas acciones constituyeron represalias directas por las resoluciones judiciales de Gálvez en casos de alta corrupción y violaciones a los derechos humanos.
El caso Diario Militar y la renuncia forzada
El hostigamiento, según la petición, se intensificó cuando Gálvez tenía a su cargo el caso Diario Militar, un expediente que investigaba graves violaciones a los derechos humanos cometidas por militares retirados durante el conflicto armado interno.
El uso de un proceso de antejuicio tramitado de manera expedita e irregular puso en riesgo inminente su libertad e integridad personal, lo que derivó en su renuncia al cargo en diciembre de 2022 y en su salida de Guatemala poco después.
Antes de ese caso, el exjuez había tenido a su cargo procesos de trascendencia histórica. Entre 1990 y su salida del país ejerció distintos cargos en la judicatura, y desde 2011 presidió el Juzgado Pluripersonal Primero Penal de Mayor Riesgo.
Allí procesó a los exgenerales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez por genocidio en perjuicio del pueblo ixil, envió a juicio el caso Sepur Zarco sobre esclavitud sexual militar.
También vinculó a proceso al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti por corrupción aduanera, y tramitó el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal.
Medidas cautelares vigentes durante siete años
La gravedad de las amenazas llevó a la CIDH a otorgarle medidas cautelares en agosto de 2016, vigentes durante siete años.
En septiembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos amplió la protección con medidas provisionales, tras constatar que el esquema de seguridad brindado por el Estado resultaba insuficiente.
Pese a la vigencia de ambas decisiones internacionales, el hostigamiento continuó hasta forzar su salida del país, detalló el Cejil.
“Esto significa que el Estado tiene que analizar el tema de la persecución sistemática en Guatemala, pero también me siento triste, porque estamos hablando de mi vida, son veinticinco años de ser juez y cuatro años de estar fuera”, declaró Gálvez tras la presentación de la petición.
CEJIL apunta a un patrón de criminalización judicial
Gisela de León, directora jurídica de CEJIL, señaló, a través de un comunicado, que la petición busca además documentar una práctica más amplia contra operadores de justicia.
“El caso es un ejemplo más de la práctica sistemática de criminalización de operadores de justicia independientes que llevaba a cabo la anterior administración del Ministerio Público. Esperamos que el caso sirva para que el Estado adopte medidas estructurales para evitar que hechos como estos se vuelvan a repetir”, afirmó.
La petición vincula este patrón con la gestión de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público, entidad que, según los peticionarios, impulsó parte de las denuncias que afectaron a Gálvez.
Una de estas acciones, promovida por la Fundación contra el Terrorismo, llegó a recibir el aval de la Corte Suprema de Justicia, lo que incrementó el riesgo de que el exjuez enfrentara prisión.
Reparaciones solicitadas y próximos pasos
Entre las medidas de reparación, los peticionarios solicitan que se generen las condiciones necesarias para el regreso de Gálvez a Guatemala sin riesgo para sus derechos, y que el Estado adopte garantías de no repetición frente a casos similares de criminalización judicial.
Tras la recepción de la petición, la CIDH procederá a su trámite, trasladará el documento al Estado de Guatemala para que presente observaciones, realizará un análisis de admisibilidad y, en una etapa posterior, emitirá un informe de fondo sobre las violaciones de derechos humanos alegadas.
Gálvez permanece fuera de Guatemala desde 2022, mientras continúa con actividades de formación política vinculadas al partido Winaq desde el exterior.
