Un juez de Bolivia otorgó el lunes la detención domiciliaria al ex comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, acusado de liderar un golpe de Estado armado en junio de 2024. La medida fue dispuesta en una audiencia que coincidió con el inicio del juicio oral por este caso, en el que Zúñiga permanecía encarcelado desde hace dos años.
El abogado defensor, Eduardo León, confirmó que “se ha determinado otorgar la libertad al señor Juan José Zúñiga, mediante la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva”. León precisó que la decisión debe implementarse en las próximas 72 horas, aunque por el momento Zúñiga seguirá en el penal de San Pedro, en La Paz, tras ser trasladado en avión desde Cochabamba para el comienzo del proceso.
El letrado señaló que el ex jefe militar permanecerá en La Paz y trasladará a su familia a esa ciudad para asistir a todas las instancias del juicio, que se desarrolla en la sede de Gobierno y el Legislativo. El proceso oral inició el lunes pero entró en receso tras la primera ronda de las 21 declaraciones previstas, según indicó uno de los abogados de los acusados
El caso se centra en los hechos del 26 de junio de 2024, cuando militares bajo el mando de Zúñiga ocuparon la sede presidencial durante unas horas, episodio que el entonces Gobierno de Luis Arce (2020-2025) calificó como un intento de “golpe de Estado”. Durante esa jornada, las tropas del Ejército derribaron con un tanque la puerta del antiguo Palacio de Gobierno en La Paz, aunque luego se replegaron.
Arce destituyó a Zúñiga ese mismo día y, pocas horas después, el militar fue detenido e imputado por los delitos de terrorismo, alzamiento armado e incumplimiento de deberes. Tras su arresto, Zúñiga acusó a Arce de haber ordenado el operativo militar con el objetivo de “levantar su popularidad” ante las protestas derivadas de la crisis económica. Por su parte, la entonces oposición y el ex presidente Evo Morales (2006-2019) coincidieron en calificar el episodio como un “autogolpe”, mientras que el Ejecutivo insistió en la versión de un “golpe de Estado fallido”.
Por su parte, el ex mandatario Arce permanece detenido preventivamente desde diciembre en una cárcel de La Paz por un caso de presunta corrupción.
Juan José Zúñiga, quien ejerció como jefe del Estado Mayor antes de asumir la titularidad del Ejército de Bolivia, acumuló numerosas acusaciones por corrupción a lo largo de su carrera militar. Un informe fechado el 28 de noviembre de 2013, atribuido al suboficial Porfirio Quispe, identificó a Zúñiga como principal responsable del robo de más de 2,7 millones de pesos bolivianos. Dichos fondos estaban destinados al Bono Juancito Pinto, un beneficio para estudiantes de primaria, a la Renta Dignidad, pensión dirigida a mayores de 60 años, y a viáticos para personal militar.
El documento, elaborado por Quispe, señaló que, por orden de Zúñiga, entregó todos los saldos correspondientes a esos pagos sin conocer el destino final de los recursos. El informe también denunció amenazas contra Quispe y su familia.
Las sospechas sobre Zúñiga incluyen acusaciones de narcotráfico lanzadas por el general Luis Begazo, quien fue suspendido de sus funciones sin explicaciones. Begazo afirmó que Zúñiga estuvo involucrado en actividades ilícitas transfronterizas desde la gestión de Evo Morales. El ex presidente, por su parte, vinculó a Zúñiga con la ejecución de un supuesto “plan negro” dirigido a desacreditarlo públicamente.
(Con información de EFE)
