El 10 de julio de 1987 quedó grabado como uno de los días más oscuros de la historia contemporánea de Panamá.
Lo que comenzó como una manifestación pacífica de miles de ciudadanos vestidos de blanco terminó en una de las represiones más violentas ejecutadas por el régimen militar de Manuel Antonio Noriega, un episodio que pasó a la historia como el Viernes Negro y que, para muchos historiadores, marcó el inicio del fin de la dictadura.
Treinta y nueve años después, la fecha vuelve a coincidir con un viernes y continúa siendo recordada como un símbolo de la resistencia ciudadana frente al autoritarismo.
Aquella jornada dejó centenares de heridos, cientos de detenidos, la suspensión de las garantías constitucionales, un toque de queda y un apagón nacional que profundizó el clima de miedo en el país.
En 1987 Panamá vivía bajo el control del general Manuel Antonio Noriega, comandante de las Fuerzas de Defensa y verdadero poder detrás del gobierno del entonces presidente Eric Arturo Delvalle.
Aunque Noriega ejercía el control desde hacía varios años, la crisis estalló un mes antes del Viernes Negro. El 6 de junio de 1987, el coronel retirado Roberto Díaz Herrera, antiguo aliado del régimen, rompió el silencio y denunció públicamente fraude electoral, corrupción, vínculos con el narcotráfico y la participación de Noriega en el asesinato del médico y opositor Hugo Spadafora.
Las declaraciones provocaron una ola de indignación nacional y dieron origen a la Cruzada Civilista Nacional, un movimiento integrado por empresarios, profesionales, estudiantes, organizaciones civiles y ciudadanos que exigían la renuncia del jefe militar y el restablecimiento de la democracia.
Un mes después, la Cruzada Civilista convocó la denominada Gran Cruzada Blanca, una movilización pacífica prevista para el viernes 10 de julio de 1987.
Miles de personas comenzaron a concentrarse frente a la Iglesia del Carmen, en la vía España. Muchos llevaban pañuelos y banderas blancas como símbolo de una protesta sin violencia.
Sin embargo, antes de que la marcha pudiera avanzar, las Fuerzas de Defensa desplegaron a la unidad antimotines conocida como los Dobermans, considerada el cuerpo de choque del régimen.
La respuesta fue inmediata y contundente. Los agentes utilizaron gases lacrimógenos, disparos con perdigones, bastones y golpes para dispersar a los manifestantes. Las escenas de ciudadanos ensangrentados, mujeres golpeadas y personas detenidas dieron la vuelta al mundo y evidenciaron el nivel de represión que ejercía el régimen militar.
La jornada fue bautizada por los propios opositores como Viernes Negro debido a la violencia con la que fue reprimida la protesta y a las medidas extraordinarias que adoptó el régimen esa misma noche.
Tras la manifestación, el gobierno suspendió las garantías constitucionales, impuso un toque de queda y provocó un apagón nacional que dejó al país prácticamente paralizado.
El nombre también reflejaba el sentimiento de oscuridad política que vivía Panamá, donde la represión reemplazó al diálogo y el miedo se convirtió en un mecanismo de control social.
Las cifras del Viernes Negro continúan siendo una referencia de la magnitud de la represión.
Las reconstrucciones históricas estiman que unas 600 personas resultaron heridas, de ellas alrededor de 150 por impactos de perdigones, mientras entre 630 y 700 ciudadanos fueron detenidos durante y después de las manifestaciones.
Diversos testimonios también denunciaron golpizas, humillaciones y malos tratos contra quienes fueron arrestados por las Fuerzas de Defensa.
Aunque Noriega permaneció en el poder durante dos años más, el Viernes Negro modificó definitivamente la relación entre el régimen y la sociedad panameña.
La represión fortaleció a la Cruzada Civilista, aumentó las protestas y deterioró la imagen internacional del gobierno militar. La oposición logró articularse como nunca antes y mantuvo la presión en las calles pese a las restricciones impuestas por el régimen.
Los acontecimientos de 1987 también incrementaron el aislamiento diplomático de Panamá y prepararon el escenario para la crisis política y económica que culminaría el 20 de diciembre de 1989 con la invasión estadounidense denominada Operación Causa Justa, que puso fin al régimen de Noriega.
El exgeneral fue capturado semanas después y posteriormente condonado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
Treinta y nueve años después, el Viernes Negro continúa siendo uno de los episodios más recordados de la lucha por la democracia en Panamá.
Cada aniversario sirve para recordar el costo que tuvo la recuperación de las libertades civiles y el papel que desempeñó la movilización ciudadana frente a uno de los momentos de mayor tensión política del país.
Para historiadores y protagonistas de aquella época, el 10 de julio de 1987 no fue únicamente un día de represión. Fue el momento en que una protesta pacífica evidenció el desgaste de la dictadura y abrió el camino hacia el cambio político que Panamá viviría dos años después.
