Bolivia transita una vez más al borde del abismo. Desde hace más de un mes, el país está inmerso en una espiral de conflictos sociales con sectores que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusan de incumplir promesas de campaña y de gobernar en desmedro de sus intereses.
Varias organizaciones —entre ellas de campesinos, obreros sindicalizados y cocaleros— han instalado bloqueos en las principales carreteras del país, una práctica habitual de presión social en Bolivia, pero que pocas veces es tan prolongada y masiva como ahora. Al cierre de esta nota se registran al menos 80 piquetes en seis de los nueve departamentos del país.
La situación amenaza con profundizar la crisis económica del país. Las últimas estimaciones de la Cámara Nacional de Industria señalan una pérdida económica de al menos 2.000 millones de dólares y la caída de las exportaciones se calcula en 500 millones de dólares.
El corte de carreteras también ha comprometido el abastecimiento de alimentos y de combustible en la sede de Gobierno, cuyas vías de acceso están cerradas, y ha provocado el encarecimiento de los precios de productos básicos, interrupciones en el servicio de transporte público y ha forzado a las instituciones a dictar medidas para sobrellevar la crisis, como la implementación de clases escolares virtuales.
En las más de cinco semanas de bloqueos, el presidente se ha munido del marco legal que le permita ordenar a las Fuerzas Armadas intervenir para despejar los caminos y restablecer el orden. Pero a pesar de sus advertencias, aún no lo ha hecho. Su estrategia ha sido pedir diálogo con quienes considera que tienen demandas “legítimas” pero sin llegar a concretarlo. Los demás, según él y sus voceros, responden a “intereses narcoterristas”.
Aunque en los últimos días se han avizorado negociaciones que pueden poner fin al conflicto, las secuelas de los bloqueos serán de largo plazo. Analistas advierten que cuando la conflictividad disminuya y las carreteras vuelvan a abrirse, Bolivia enfrentará una pregunta fundamental: cómo reconstruir un país que ha quedado más empobrecido y dividido que antes.
La región más afectada ha sido La Paz, capital administrativa del país, que fue el epicentro de las protestas sociales y donde la vida entró en un paréntesis parecido al de la pandemia: calles vacías, negocios a media fuerza, poco transporte público y una desesperación permanente por no encontrar comida o encontrarla a precios desorbitantes.
“En La Paz ha surgido la idea de que somos los rehénes del país, que no merecemos el trato que recibimos, tanto del gobierno como de los manifestantes”, explica desde esa ciudad del altiplano la politóloga Ana Lucía Velasco, que afirma que muchos negocios han cerrado temporalmente por falta de insumos y clientes.
El daño económico para los emprendedores y el sector informal —que en Bolivia supera el 80%— es difícil de calcular. “Es un impacto enorme y nos apena mucho porque este trabajo que venimos haciendo en los últimos seis meses está siendo golpeado”, manifestó hace algunas semanas el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.
Bolivia atraviesa en los últimos años una crisis económica a raíz del desplome de la renta del gas que en poco más de una década pasó de 5.489 millones de dólares anuales a menos de 1.700 millones. Aunque persisten problemas como la escasez de divisas, la inflación y el déficit fiscal, desde la llegada de Paz al poder, en noviembre pasado, se registraron algunas señales de mejora en los mercados financieros, reflejadas en ciertos indicadores como la reducción del riesgo país.
El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, lamenta que “cuando el país se mostraba bastante atractivo para la inversión nacional y extranjera (…) estos desmanes están consiguiendo que nuevamente el riesgo país vaya en aumento”. Según Rodríguez, los acontecimientos actuales provocarán una contracción de la economía mayor a la que han previsto organizaciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI) que estiman una contracción del 3% para este año. “Habrá que sumar por lo menos dos puntos de caída a raíz de los bloqueos”, estimó.
Si las pérdidas económicas son cuantificables, las secuelas políticas son más difíciles de medir. Lo que sí parece claro es que este conflicto está reconfigurando el equilibrio de poder y ni el Gobierno, ni la oposición ni los movimientos sociales saldrán de este episodio en la misma posición que tenían antes.
Para Susana Bejarano, politóloga y ex candidata a senadora de La Paz por Alianza Popular, el gobierno saldrá “tremendamente golpeado” porque las protestas marcaron un quiebre definitivo con las organizaciones campesinas, indígenas y sindicales que componen los sectores populares, muchos de los cuales habían votado por Paz; pero también con la población conservadora y las clases medias que le exigen mano dura frente a las protestas.
“El presidente queda muy debilitado, ha roto su relación de forma terminal con el bloque popular y no logra representar a la derecha y ultraderecha, donde el líder sigue siendo el excandidato Jorge Quiroga”, apunta y destaca que la oposición se ha fortalecido en su nicho bajo una lógica de polarización con la que se ha posicionado en este conflicto.
Bejarano observa una rearticulación de las organizaciones sociales que habían estado divididas durante el último ciclo de gobierno del Movimiento Al Socialismo (2006-2025) a raíz de la disputa interna del partido con el que cogobernaron las últimas dos décadas. “El movimiento popular viene de un momento de mucho desprestigio y absoluta desarticulación”, señala, pero advierte que el conflicto actual y la falta de diálogo oportuno llevaron a estas organizaciones a sentarse en la misma mesa en torno a una agenda común.
En ese escenario, la gobernabilidad de los próximos años se torna compleja pero no imposible. Según las analistas, el desafío es generar una dinámica de gestión pública incluyente en la que se profundice la participación política y se canalicen los intereses de todos los sectores.
Una frase de Mario Argollo, principal dirigente de los obreros sindicalizados, ilustra esa pulsión: “el gobierno tiene que gobernar para los ricos y para los pobres”, manifestó en una entrevista reciente en el canal RTP. Como respuesta al reclamo de mayor inclusión, la administración de Paz anunció la creación de un Consejo Económico y Social que tendrá carácter consultivo y que servirá como espacio de socialización de las múltiples reformas que pretende encarar para levantar al país del quiebre económico en el que se encuentra.
Aunque hay aspiraciones hacia una transformación radical del modelo anterior, varios analistas coinciden en que Bolivia atraviesa un momento de transición entre el ciclo de 20 años de gobiernos de izquierda que ya terminó y uno que todavía está por nacer, y que no necesariamente implica una ruptura abrupta, en términos políticos y económicos, con todo lo anterior.
El riesgo que observan es que esta etapa de tránsito se prolongue indefinidamente. “Te puedes quedar años en esta situación donde no pasa nada, se puede estar décadas. Hay países que se han quedado suspendidos en el tiempo porque no han podido desempatar nunca y la gente se acostumbra a vivir así”, señala Ana Lucía Velasco, quien teme que Bolivia quede atascada por muchos años en estos “puntos suspensivos”.
