El canciller Pablo Quirno afirmó que el Gobierno notificó a un universo de 180 empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas y les planteó la necesidad de optar entre continuar con esas operaciones o afrontar sanciones en la Argentina. El funcionario sostuvo que la decisión forma parte de una estrategia para sancionar a compañías que operen en Malvinas y a sus proveedores, durante su exposición en la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Puerto Iguazú, Misiones.
Quirno ubicó esas definiciones dentro de las medidas que anunció el presidente Javier Milei en cadena nacional. “La ley 26.659, que ahora va a ser un poquito más famosa a partir de anoche, lo que hacía era sancionar a las empresas petroleras que operen en Malvinas, prohibiéndoles operar en la Argentina”, señaló. Según planteó, el escenario cambió respecto de los años en que se dictó esa norma, porque “cuando se dictó la ley en 2011, 2013, no existía Vaca Muerta, entonces no tenía ningún incentivo para decidir”.
El canciller dijo que la política oficial busca modificar ese cálculo para las compañías. “Hoy lo que estamos haciendo es justamente generar ese desincentivo, que tengan que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o que vengan a Argentina con la seguridad jurídica y con mayor potencialidad de negocios”, afirmó. Luego insistió: “Van a tener que elegir, lo mismo que nuestros países y nuestros vecinos”.
Quirno explicó que el decreto reglamentario apunta a acelerar las sanciones y amplía el alcance sobre una red de firmas vinculadas con la actividad petrolera. “Un decreto reglamentario para darle celeridad a las sanciones a las compañías que operen en Malvinas, las compañías que operen en Malvinas más sus proveedores de servicios petroleros, de servicios financieros, de servicio de seguro, etcétera”, detalló. A continuación, precisó que el alcance previsto incluye “todo un universo de hoy 180 compañías”.
“Ya fueron anoticiadas la semana pasada de que cuidado, van a tener que elegir o van a ser sancionadas acá y van a tener que tener un proceso bastante complicado”, expresó Quirno. El funcionario agregó que el decreto reglamentario ya se resolvió y lo presentó como el primero de los instrumentos anunciados por el Poder Ejecutivo para intervenir ante proyectos de exploración y explotación de recursos en las aguas que rodean al archipiélago.
El Gobierno también prevé enviar al Congreso un proyecto para modificar la Ley 26.659. Quirno sostuvo que la iniciativa buscará otorgar “mayor amplitud sancionatoria” y, a la vez, establecer mecanismos para que las compañías puedan dejar de operar en Malvinas sin quedar excluidas de forma definitiva de actividades dentro de la Argentina. “Hoy, cuando las sancionamos, quedaste encerrada, ya no tenés manera de volver al sistema normal”, explicó.
Sobre ese punto, desarrolló el razonamiento oficial con un ejemplo. “Estás sancionada, te saqué del sistema, no tenés ningún incentivo. Me quedé en Malvinas. Bueno, yo me quedé en Malvinas porque me sancionaste”, planteó. Para Quirno, el esquema debe ofrecer una alternativa para las empresas que abandonen esas actividades: “Nosotros tenemos que generar los mecanismos bajo los cuales podamos entrar y salir de ese proceso, una vez que desestimaste”.
Dentro de las nuevas exigencias, el canciller mencionó una declaración jurada para quienes busquen acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Hemos incluido en el decreto reglamentario que salió hoy justamente una declaración jurada de los aspirantes a los beneficios del RIGI, que tengan que decir ellos que no están en violación de la Ley 26.659”, indicó. La condición también alcanzará, según dijo, a la norma que el Congreso modifique en los próximos meses.
Quirno relacionó estas herramientas con el desarrollo energético local y con la posibilidad de atraer inversiones al país. Afirmó que los activos estratégicos argentinos permiten adoptar una posición distinta frente al Reino Unido, otros países y los socios regionales. “Esta valorización de los activos estratégicos que nos hace parar de manera diferente ante el mundo es clave en lo que estamos haciendo, porque nos permite poder cubrir nuestros intereses vis-à-vis el Reino Unido y las protestas y las acciones que estábamos tomando”, declaró.
El funcionario también se refirió a la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, otro de los anuncios de Milei. “Hoy nos compramos el espacio fiscal para tomar la decisión de poner recursos directamente en una base naval estratégica en Tierra del Fuego”, sostuvo. Según Quirno, el proyecto de Ushuaia permitirá reforzar “nuestra presencia en el Atlántico Sur”, la logística para la Antártida, la prestación de servicios en esa región y la custodia del Mar Argentino.
Al abordar el impacto de las medidas, Quirno hizo referencia a la cotización de las petroleras involucradas en el proyecto Sea Lion. “Ya empezamos a ver justamente el impacto que ha tenido hoy, y lo podemos decir porque estamos acá en el IAEF, en la valorización de las acciones de estas compañías”, afirmó. En la jornada, las acciones de Rockhopper Exploration retrocedieron 6,3% en la Bolsa de Londres, mientras que los títulos de Navitas Petroleum perdieron 2,3% en Tel Aviv.
Sea Lion es un proyecto de explotación petrolera offshore impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. Navitas controla el 65% de la iniciativa y Rockhopper posee el 35% restante. Las empresas comunicaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para una primera fase del desarrollo, que prevé una inversión total de USD 1.800 millones, una producción estimada de 50.000 barriles diarios y el inicio de las extracciones en 2028.
Quirno calificó la caída de los papeles de ambas firmas como parte de la respuesta oficial. “Ese es, si querés, el ejercicio de una diplomacia ejecutiva y una diplomacia económica, donde además de ejercer nuestros derechos en la diplomacia, los legales, los económicos y financieros, hacemos esta estrategia total que lleva a tener un impacto en el valor de las acciones que quieren hacer ilegítimamente en Malvinas”, manifestó.
El canciller sostuvo que las medidas no responden a una decisión aislada. “Estas no son medidas a la marchanta y medidas para cubrir un tema que es muy caro al corazón nuestro. Estas son una estrategia absolutamente integrada, coordinada, para que tenga el mayor impacto posible”, dijo. También señaló que la Cancillería mantiene conversaciones con el sector privado y que varias cámaras empresariales expresaron su respaldo al respecto.
“Estamos en conversaciones con el sector privado para que se entienda hacia dónde vamos y por qué estamos haciendo eso. Contamos ya con el respaldo de varias cámaras empresariales”, afirmó. Quirno sumó que Milei convocó a la dirigencia política a acompañar la iniciativa legislativa y sostuvo que “la causa Malvinas está en el corazón de todos los argentinos”.
El canciller también aludió a las conversaciones con Chile sobre la asistencia logística para las actividades de hidrocarburos y pesca en el área. “Quedó muy claro en el comunicado que sacamos luego de la visita, donde Chile también reconoce que va a intentar la valorización que hacemos nosotros de lo que es la asistencia logística en hidrocarburos y pesca”, señaló. Añadió que la posición chilena resultó “primariamente” coincidente con el planteo argentino de que esos servicios no se realicen.
El proyecto de reforma de la Ley 26.659 deberá tratarse en el Congreso. La iniciativa busca endurecer las sanciones y extender sus consecuencias a empresas que presten servicios a quienes realicen explotaciones hidrocarburíferas en Malvinas sin autorización argentina.
