Salió a la luz uno de los episodios más delicados que atravesó Flor Peña en los últimos años, vinculado a un esquema de robos y extorsión que sufrió su hijo mayor, Juan Otero, cuando tenía apenas catorce años. En LAM (América TV), Pepe Ochoa reveló los detalles del caso, que derivó en una causa penal impulsada por la actriz junto a su abogado, Fernando Burlando, y que tuvo una condena hace apenas un mes.
El origen de la trama se remonta a unos tres o cuatro años atrás, cuando la actriz se mudó junto a sus hijos a un barrio privado en la localidad de Pilar llamado Los Puentes. Según relató Ochoa, la casa de la actriz se convirtió en un punto de encuentro habitual para los chicos del vecindario. “La verdad que mi casa era la casa del pueblo. Venían acá, todos tomaban el té”, le había explicado la propia Peña al periodista, según reveló en el ciclo.
En ese contexto surgió el vínculo entre Juan, entonces de 14 años, y Candela, una joven del barrio que en ese momento tenía entre 17 y 18 años. La relación de amistad se profundizó con el correr del tiempo, hasta convertirse en un vínculo de cercanía cotidiana entre ambas familias.
Los primeros indicios de que algo extraño ocurría llegaron a través de pequeños robos dentro de la vivienda. “Como, por ejemplo, un adorno. De repente el adorno era dos remeras”, relató el periodista sobre los objetos que comenzaron a desaparecer de la casa, un patrón que en un primer momento no generó demasiada sospecha en la actriz, dado el tamaño de la propiedad.
La situación escaló cuando Florencia notó gastos desconocidos en la tarjeta de crédito familiar, realizados a través de una aplicación de compras en línea. Los consumos, que incluían ropa, artículos de bazar y otros productos diversos, se duplicaron al mes siguiente, lo que llevó a la actriz a iniciar su propia investigación dentro del núcleo familiar.
El quiebre se produjo cuando Juan decidió confesarle a su madre lo que estaba ocurriendo, en medio de una crisis. “Mamá, Candela, mi amiga, y su mamá, de nombre Luján Muñoz, me tienen amenazado”, le habría dicho el adolescente, según el relato reconstruido por el panelista del ciclo. A partir de esa confesión, la actriz descubrió que tanto Candela como su madre eran responsables de los gastos no autorizados y que, además, extorsionaban a su hijo con la amenaza de hacer pública información privada si no accedía a entregarles dinero.
Según el testimonio recogido por el periodista, la mecánica de la extorsión se sostenía en encuentros presenciales entre los menores. “Si vos no me pagás 500 dólares, nosotros vamos a salir a la televisión y contar”, le habría transmitido Candela a Juan, en nombre de las amenazas formuladas por su madre. El esquema se prolongó durante aproximadamente cuatro meses, sin que la actriz tuviera conocimiento de la situación.
Al confirmar lo sucedido, Peña se comunicó con la familia de Candela, aunque la respuesta no fue la esperada. Según relató el panelista, el padre de la joven no estaba al tanto de la maniobra, mientras que Luján Muñoz, madre de Candela, resultó ser cómplice directa de su hija en el esquema extorsivo. Tras la confrontación inicial, Candela desapareció del entorno familiar de Peña.
Ante la gravedad del episodio, la actriz decidió recurrir a la Justicia con el acompañamiento de su abogado, Fernando Burlando. “Por favor, necesito que armemos una causa penal de esto”, le habría solicitado la actriz al letrado, de acuerdo con el relato difundido en el programa. La causa, sin embargo, enfrentó dificultades iniciales debido a la falta de pruebas contundentes más allá de los gastos registrados en la tarjeta de crédito, ya que las amenazas se realizaban de manera presencial y no dejaban rastro documental.
El caso tomó un nuevo giro cuando comenzó a operar una cuenta anónima en redes sociales que también extorsionaba directamente a la actriz, en un intento de sacar provecho de la información que ya manejaba sobre la situación de su hijo. La investigación por presunto ciberdelito permitió, con el tiempo, rastrear la dirección de IP utilizada para esas comunicaciones, que terminó identificando el domicilio de la familia involucrada en el hecho.
El proceso judicial derivó finalmente en una condena, dictada hace aproximadamente un mes, que puso punto final a una causa que se extendió durante varios años desde el inicio de los hechos. El caso expuso, además, la vulnerabilidad que enfrentó un menor de edad frente a un esquema de presión sostenido por personas de su entorno cercano, en un episodio que la familia de Peña optó por mantener en reserva hasta la resolución judicial del expediente.
