Eduardo Ignacio Murias, el argentino detenido en Brasil por sacar fotos de un niño negro de siete años y enviar mensajes en los que lo trataba de “esclavo”, denunció haber sufrido ataques físicos durante su detención y pidió ser excarcelado.
Fuentes allegadas al caso, confirmaron a Infobae que el planteo fue realizado este viernes a través de un recurso de urgencia presentado por su defensa ante la Justicia de Minas Gerais. Según el documento, elevado al Juzgado Criminal N°1 de São João del-Rei, las agresiones se habrían producido dentro del sistema penitenciario de esa ciudad, donde el acusado permanece alojado bajo prisión preventiva.
En la presentación, los abogados argumentaron que la situación representa un riesgo para la integridad física de Murias y solicitaron su liberación inmediata o, de manera alternativa, la aplicación de alguna medida cautelar.
Según consta en el escrito, incluso las propias autoridades penitenciarias habrían reconocido dificultades para garantizar su seguridad dentro del establecimiento, un punto que fue utilizado por la defensa para fundamentar el pedido ante la Justicia brasileña.
El abogado de Murias, Ciro Chagas, salió a respaldar a su defendido durante una entrevista y sostuvo que los mensajes cuestionados fueron enviados en un chat privado entre amigos. “No era algo público, como dicen los periodistas de Brasil”, afirmó. En esa línea, consideró que el hecho no encuadraría como un crimen.
“Lo que una persona habla en su conversación puede ser reprobable, pero lo que está haciendo la investigación es un acto de externalización de su habla. No es un crimen acá. No puede ser investigado como un delito de racismo, como están hablando acá en Brasil”, aseguró en declaraciones a DNews.
También indicó que, a diferencia de lo relatado por la madre del menor, entregó su teléfono celular de manera “libre y espontánea” y eliminó la imagen delante de ella: “Entonces, fue algo ciertamente reprobable, pero son cosas que tenemos que investigar en el proceso”.
De acuerdo a sus declaraciones, Murias se encuentra “muy arrepentido” de sus actos: “En la audiencia él le dice esto al juez, que estaba muy arrepentido, que fue un completo malentendido, que él no es una persona racista, que compartía el dolor de la madre, que estaba ya para decir perdón a ella. Es un turista que ama Brasil”.
El caso
El episodio ocurrió el pasado 24 de mayo en un tren turístico conocido como María Fumaça, cuando el hombre de 63 años fue arrestado en el estado de Minas Gerais acusado de fotografiar y filmar a un niño negro de siete años durante un paseo turístico y enviar esas imágenes junto a mensajes discriminatorios en los que incluso sugería que podía “tomarlo como esclavo”.
En esta oportunidad, el episodio ocurrió mientras la familia del niño realizaba un paseo para celebrar un cumpleaños. Según relató la madre, cerca de las 10 de la mañana un pasajero que viajaba detrás de ellos les advirtió discretamente que el hombre sentado a pocos metros estaba tomando fotos y videos del menor de manera insistente.
A partir de esa advertencia, la mujer confrontó al sospechoso y le pidió revisar su teléfono celular. Según su relato, el argentino negó haber grabado o fotografiado al chico y se resistió a mostrar el dispositivo. Sin embargo, cuando finalmente la madre logró acceder al contenido, encontró conversaciones privadas en las que el hombre compartía imágenes del niño acompañadas por comentarios discriminatorios vinculados al color de piel.
De acuerdo con la denuncia, en uno de los mensajes el acusado afirmaba que podía “tomarlo como esclavo”, mientras que en otra conversación hablaba de “tomar una esclava” para cuidar a las nietas de la persona con la que intercambiaba mensajes.
Posteriormente, el argentino fue trasladado a la Tercera Comisaría Regional de São João del-Rei, donde quedó detenido mientras avanza la investigación judicial por el delito de racismo, una figura penal severamente castigada en Brasil.
Antecedente
El antecedente de este tipo más resonante fue el de la abogada Agostina Páez, detenida en Río de Janeiro acusada de injuria racial, tras ser filmada realizando gestos discriminatorios en un bar de Ipanema. La justicia de Brasil le retuvo la documentación, le prohibió la salida del país y le dictó 75 días de detención domiciliaria con tobillera electrónica.
El proceso judicial concluyó cuando la fiscalía redujo la calificación penal a una expectativa de condena de dos años, lo que permitió evitar la prisión efectiva. Tras reconocer el hecho, la imputada obtuvo un habeas corpus que le permitió regresar a la Argentina, quedando supeditada al pago de una fianza de 18.500 dólares y a la realización de tareas comunitarias.
