Las organizaciones delictivas en El Salvador encontraron en las nuevas herramientas financieras una vía para movilizar dinero ilícito, un fenómeno que afecta principalmente a personas vulnerables y exhibe las debilidades de control en el sector corporativo. Así lo advirtió Walter Morales, especialista en finanzas y riesgos y director de la consultora Yancor Coaching & Mentory, en un diálogo con Infobae.
Para comprender este escenario, conviene definir con sencillez qué son los activos digitales. Se trata de representaciones de valor que existen únicamente en formato electrónico, como las monedas virtuales, las transferencias por billeteras en teléfonos móviles y cualquier saldo que circule a través de plataformas en internet.
Aunque estas herramientas agilizan los cobros y pagos cotidianos, también abren la puerta a que redes criminales oculten el origen ilícito de sus fondos si las compañías carecen de controles adecuados.
Uno de los mecanismos que cobró mayor fuerza en los últimos cinco años consiste en reclutar a ciudadanos con ingresos escasos o deudas elevadas para que presten sus cuentas corrientes o billeteras electrónicas.
Estas personas, conocidas en la jerga financiera como mulas, reciben depósitos que luego transfieren a otros destinos o al exterior a cambio de pagos diarios o mensuales.
De acuerdo con el especialista, la gran mayoría de quienes caen en estas trampas no dimensionan que cometen un delito grave. “En términos de mula financiera, por así decirlo, de diez personas en un proceso involucrado, normalmente siete son mujeres y tres son hombres”, explicó Walter Morales a Infobae. El experto recordó que en un operativo reciente que derivó en 296 órdenes de captura, el 70% de las imputadas correspondió al sexo femenino.
A este esquema se suma el fraccionamiento de dinero mediante remesas familiares y aplicaciones de pago, donde los sospechosos dividen montos pequeños, de 150 a 400 dólares, hacia destinatarios sin ningún lazo de parentesco. Además, proliferan empresas ficticias que contratan a personas locales como presuntos directivos o representantes legales con el objetivo de encubrir actividades ilícitas y eludir a la justicia.
Siete de cada diez entidades enfrentan un rezago en tecnología preventiva
El uso de mecanismos modernos como la inteligencia artificial para vigilar operaciones sospechosas presenta una brecha notable en el país. Cerca del 30% del sector, dominado por bancos de capital internacional, cuenta con sistemas automatizados para evaluar riesgos.
En contraste, el 70% restante, conformado por:
- Lotificadoras
- Importadoras
- Firmas de bienes raíces y pequeños operadores de activos virtuales, supervisa sus transacciones de forma manual o con planillas básicas.
“El problema en este sentido no es el costo de la IA, sino también es la cultura de la gestión de datos. Porque no podemos poner IA donde no tenemos datos limpios”, remarcó el director de Yancor Coaching & Mentory. Para el analista, el paso previo a cualquier automatización exige estructurar los registros internos y capacitar al personal para que detecte patrones fraudulentos.
Frente a este panorama, la normativa salvadoreña impone diversas obligaciones que las compañías deben cumplir con rigor. Morales citó la Ley de Protección de Datos Personales, un estatuto que obliga a resguardar la identidad de los usuarios frente a robos informáticos.
Aunque una modificación legislativa suprimió la figura del delegado de protección, el experto recalcó que las exigencias y sanciones penales siguen plenamente vigentes para las entidades privadas.
El marco legal del país centroamericano comprende también la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos, vinculada a la ciberseguridad, y la Ley de Prevención, Control y Sanción del Delito de Lavado de Activos. El especialista recomendó la realización de auditorías independientes periódicas para verificar los protocolos antes de que intervengan las autoridades estatales.
