El sistema penitenciario de Ecuador incorporó una nueva prohibición dirigida a eliminar uno de los signos más visibles del poder de las bandas criminales dentro de las cárceles: los grafitis y logos que identifican a estos grupos. La medida consta en el reglamento que rige a los centros de privación de libertad y que entró en vigencia el 26 de abril de 2026, en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país y de los intentos del Estado por retomar el control de las prisiones.
La normativa establece que las personas privadas de libertad deben mantener los espacios carcelarios libres de “logos, distintivos y grafitis” vinculados a organizaciones delictivas. La disposición no solo prohíbe realizar nuevas pintadas, sino también conservar o exhibir cualquier tipo de símbolo que represente a estas estructuras criminales dentro de los pabellones.
Durante los últimos años, las cárceles ecuatorianas han sido escenario de una fuerte disputa entre grupos de delincuencia organizada que, en muchos casos, lograron ejercer control territorial dentro de los centros penitenciarios. En ese contexto, los grafitis, murales y siglas pintadas en paredes y celdas se convirtieron en una herramienta para marcar dominio, identificar alianzas y delimitar espacios bajo influencia de determinadas bandas.
Estos símbolos no cumplían únicamente una función estética, sino que operaban como un lenguaje interno de poder. A través de ellos, las organizaciones criminales señalaban presencia, reforzaban su identidad colectiva y establecían jerarquías dentro de los pabellones. La eliminación de estos elementos busca, según el enfoque institucional, debilitar esa expresión visible de control.
El reglamento forma parte de un conjunto más amplio de disposiciones orientadas a reforzar la disciplina y el orden dentro de las cárceles. Entre las obligaciones que ahora deben cumplir los internos se incluyen mantener limpios y ordenados los espacios, cuidar la infraestructura, utilizar adecuadamente los servicios básicos y colaborar en tareas de limpieza cuando así se disponga.
Otro de los cambios introducidos apunta a la forma de identificación de los reclusos. La normativa establece que deberán ser reconocidos por sus nombres y no por alias, una práctica extendida en entornos criminales que refuerza la pertenencia a organizaciones ilegales. Este ajuste busca limitar la reproducción de identidades asociadas a estructuras delictivas dentro del sistema penitenciario.
El reglamento también incorpora disposiciones específicas sobre el funcionamiento del economato, como se conoce al sistema de abastecimiento interno, que será regulado dependiendo del nivel de seguridad del centro, así como normas para la permanencia de hijos con sus madres en prisión, en el caso de centros femeninos.
La decisión se produce en un contexto en el que el Estado ecuatoriano ha intensificado sus acciones para enfrentar a las organizaciones criminales, tanto dentro como fuera de las cárceles. Desde 2024, el país mantiene una estrategia de seguridad que incluye la intervención de las Fuerzas Armadas en el control penitenciario, tras una serie de motines y masacres carcelarias que evidenciaron la pérdida de control institucional en varios centros.
En Ecuador, las cárceles han sido identificadas como espacios clave para la operación de estructuras criminales, desde donde se coordinaban actividades ilícitas, se mantenían cadenas de mando y se ejercía influencia sobre territorios fuera de prisión.
La implementación de la norma implicará, además, procesos de adecuación dentro de los centros penitenciarios, donde actualmente existen múltiples espacios marcados por estos signos. Su aplicación efectiva dependerá del control que las autoridades puedan ejercer en pabellones que históricamente han estado bajo influencia de grupos delictivos.
Con este reglamento, el Gobierno busca avanzar en la recuperación del orden interno en las cárceles, en un intento por desarticular, al menos en el plano visible, los mecanismos de identificación y dominio que las bandas han consolidado en los últimos años dentro del sistema penitenciario ecuatoriano.
