Ecuador elevó una solicitud formal a Paraguay para que declare como organizaciones terroristas a cinco de las principales estructuras delictivas que operan en su territorio, en el marco de un encuentro de alto nivel celebrado en Quito entre la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, y su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano. La petición se inscribe en la estrategia internacional del gobierno de Daniel Noboa para consolidar apoyos externos en su política de seguridad, que desde 2024 ha calificado como “conflicto armado interno” frente al crimen organizado.
De acuerdo con la declaración conjunta suscrita tras la reunión, Ecuador solicitó que Paraguay incluya en esa categoría a los grupos Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones, Chone Killers y Latin Kings, organizaciones que han sido señaladas como responsables de buena parte de la violencia vinculada al narcotráfico y otras economías ilícitas en el país andino.
La respuesta paraguaya no fue inmediata ni concluyente, pero el canciller Ramírez Lezcano se comprometió a dar seguimiento al planteamiento en las instancias competentes de su país, lo que marca el inicio de un proceso diplomático y jurídico que podría derivar en decisiones coordinadas en materia de seguridad regional.
La solicitud ecuatoriana se produce en un contexto en el que estos grupos ya han sido catalogados como organizaciones terroristas por el propio Ejecutivo de Noboa, así como por otros países como Estados Unidos y Argentina en el caso específico de Los Choneros y Los Lobos. Este reconocimiento internacional resulta importante para Ecuador porque permite activar mecanismos de cooperación más amplios, incluyendo intercambio de inteligencia, congelamiento de activos y coordinación judicial transnacional.
El encuentro entre Sommerfeld y Ramírez no se limitó a la dimensión de seguridad. Ambas delegaciones abordaron una agenda más amplia orientada a fortalecer la relación bilateral, en vísperas de la visita oficial del presidente paraguayo Santiago Peña a Ecuador, prevista para julio de 2026. En ese marco, los cancilleres destacaron la “histórica amistad” entre ambos países y ratificaron su interés en profundizar el diálogo político y la cooperación en múltiples áreas.
En materia de seguridad, además de la solicitud sobre los grupos criminales, los ministros coincidieron en la necesidad de reforzar la lucha contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otras amenazas compartidas.
Se prevé que durante la visita presidencial se suscriba un acuerdo entre los ministerios del Interior de ambos países para fortalecer el intercambio de información, la capacitación y la coordinación operativa. Asimismo, se confirmó el interés de avanzar en las negociaciones para un convenio de extradición.
Además, las autoridades subrayaron la necesidad de diversificar el intercambio comercial, actualmente limitado, y de fomentar una mayor complementariedad productiva, especialmente en el sector agropecuario. En esa línea, se acordó revisar y actualizar acuerdos existentes en materia de cooperación técnica agrícola, ganadera y pesquera, con el objetivo de adaptarlos a las condiciones actuales del comercio bilateral.
Otro de los temas en análisis es la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo de “cielos abiertos”, que permitiría ampliar la conectividad aérea entre ambos países y facilitar tanto el flujo comercial como el turismo. Aunque la iniciativa aún se encuentra en fase de evaluación, refleja el interés de ambas partes por reducir barreras logísticas y generar nuevas oportunidades de negocio.
El encuentro también dejó definiciones en el plano institucional, como la confirmación de la próxima reunión de la comisión de coordinación permanente entre Ecuador y Paraguay, que se celebrará el 2 de septiembre en Asunción. Este mecanismo busca dar seguimiento a los compromisos bilaterales y consolidar una agenda de trabajo sostenida en el tiempo.
Las relaciones bilaterales entre Ecuador y Paraguay se han caracterizado históricamente por una agenda diplomática estable. Ambos países comparten espacios multilaterales como la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y la Organización de Estados Americanos (OEA), donde han coincidido en posiciones relacionadas con el fortalecimiento del multilateralismo, la cooperación regional y la defensa de principios como la soberanía y la no intervención.
