Un médico de Manabí fue procesado por presunto fraude procesal después de que agentes de la Policía Nacional lo encontraran atendiendo en su consultorio a uno de los sospechosos del ataque armado que dejó un uniformado muerto en el cantón Rocafuerte. A diferencia de los dos hombres señalados directamente por el asesinato, el profesional quedó en libertad tras la audiencia y no recibió medidas cautelares.
El caso comenzó el 10 de septiembre de 2026, cuando dos policías que realizaban labores investigativas en el sector Resbalón, en la zona de Cuatro Esquinas, fueron atacados con armas de fuego. El cabo primero Luis Xavier Ramírez Romero, de 38 años, murió como consecuencia de las heridas. Su compañero resultó lesionado.
Ramírez tenía más de una década de servicio en la Policía y desarrollaba labores relacionadas con investigaciones contra el tráfico interno de drogas. Tras el ataque, las unidades policiales desplegaron un operativo para localizar a los responsables.
Las investigaciones llevaron a los agentes hasta un consultorio médico de Rocafuerte. De acuerdo con la información expuesta durante la audiencia, los policías habían recibido datos sobre el traslado de una persona herida hacia ese establecimiento. Al llegar, preguntaron por el paciente. Según el parte citado durante el proceso, el propietario habría señalado inicialmente que no había ninguna persona herida en el lugar.
Sin embargo, los agentes ingresaron al consultorio y encontraron a un hombre que estaba siendo atendido y suturado. Se trataba de Kleber Jossue Moreira Loor, alias “La J”, uno de los sospechosos identificados posteriormente como presunto participante en el ataque contra los policías.
El médico, identificado como Jaime Agustín Solórzano Mendoza, de 45 años, fue detenido en el establecimiento. La Fiscalía sostuvo que su actuación habría contribuido a ocultar al sospechoso y, por ello, formuló cargos en su contra por presunto fraude procesal.
Durante el procedimiento también fueron detenidos Moreira Loor y Josthin Alejandro Celorio Celorio, alias “Ceboso”. Las autoridades los vinculan con la organización criminal Los Lobos y los señalan como presuntos responsables del ataque armado. Ambos resultaron heridos durante los hechos y posteriormente fueron localizados por los investigadores.
En los operativos se encontraron además indicios que serán analizados dentro de la investigación, entre ellos un arma de fuego calibre 9 milímetros con presuntas manchas de sangre, una alimentadora y municiones del mismo calibre. La Fiscalía deberá establecer si estos elementos están relacionados con el asesinato del policía.
La situación jurídica de los tres detenidos es diferente. Moreira Loor y Celorio fueron procesados por el asesinato del cabo Ramírez y por la tentativa de asesinato contra el segundo uniformado. Un juez ordenó prisión preventiva para ambos y dispuso su traslado a la cárcel de El Encuentro, en Santa Elena. La instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días.
En cambio, Solórzano Mendoza no fue procesado por asesinato. La jueza calificó como legal su aprehensión y la flagrancia, pero no dictó prisión preventiva ni otras medidas restrictivas en su contra. El médico recuperó su libertad después de la audiencia.
Durante la diligencia, el profesional defendió su actuación y sostuvo que su intervención correspondió a su obligación de atender a una persona herida. La Fiscalía, en cambio, deberá determinar si conocía la identidad y las circunstancias en las que el paciente había resultado lesionado y si su conducta tuvo como propósito favorecerlo o interferir en la investigación.
El proceso contra el médico continuará bajo procedimiento directo. La audiencia está prevista para el 1 de octubre de 2026. Hasta entonces, la Fiscalía deberá presentar los elementos con los que busca demostrar que la atención médica y las circunstancias en las que se produjo constituyeron una conducta penalmente relevante.
