El gobierno de Daniel Noboa anunció que reducirá de 100% a 75% la denominada “tasa de seguridad” aplicada a importaciones provenientes de Colombia a partir del 1 de junio de 2026, en un movimiento que apunta a descomprimir la relación bilateral tras varios meses de fricciones comerciales y políticas.
La decisión fue comunicada oficialmente el 4 de mayo y se produce después de un periodo de escalada en el que Ecuador había incrementado de forma drástica los aranceles a productos colombianos, bajo el argumento de reforzar controles frente a amenazas como el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común. La medida generó una reacción del gobierno de Gustavo Petro, que respondió con restricciones comerciales a productos ecuatorianos y elevó el tono del intercambio diplomático.
A diferencia de lo que inicialmente se interpretó en algunos sectores, la decisión no implica una reducción del 75% de la tasa, sino un ajuste de 25 puntos porcentuales: el recargo pasará de 100% a 75%, lo que mantiene un nivel elevado de protección, aunque introduce una señal de flexibilización en la política comercial ecuatoriana.
El comercio entre ambos países es uno de los más relevantes de la región andina, con un intercambio que en años recientes ha bordeado los USD 5.000 millones. La imposición de tasas elevadas había generado preocupación en sectores productivos ecuatorianos que dependen de insumos colombianos, así como en importadores que enfrentaron incrementos significativos de costos.
El ajuste anunciado podría aliviar parcialmente esa presión, aunque no supone una normalización completa del comercio. Con una tasa aún en 75%, los productos colombianos seguirán enfrentando un encarecimiento considerable al ingresar al mercado ecuatoriano, lo que limita la competitividad frente a la producción local.
La medida también tiene un componente político. Las tensiones entre los gobiernos de Noboa y Petro han estado marcadas por diferencias en el enfoque de seguridad y en la gestión del crimen transnacional. Mientras Ecuador ha adoptado una estrategia de confrontación directa con estructuras criminales, Colombia ha promovido su política de “paz total”, lo que ha generado fricciones en la coordinación bilateral.
En ese contexto, la reducción de la tasa aparece como un gesto de distensión que busca abrir espacio para una cooperación más fluida, al menos en el plano económico. El comunicado oficial señala que la decisión ratifica la disposición de Ecuador de avanzar en mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad y desarrollo fronterizo.
Analistas económicos interpretan la medida como una corrección táctica frente a los efectos internos de la política arancelaria. El incremento previo había tenido impacto en cadenas productivas y en precios de bienes importados, lo que, en un entorno económico sensible, generó incentivos para moderar la estrategia.
Sin embargo, el escenario hacia adelante dependerá en buena medida de la respuesta de Colombia. Hasta ahora no se ha confirmado si Bogotá adoptará medidas recíprocas que alivien las restricciones impuestas a productos ecuatorianos. La ausencia de una reacción coordinada podría mantener la incertidumbre en el comercio bilateral.
Para los sectores productivos ecuatorianos, el impacto será mixto. Aquellos que se benefician de la protección arancelaria seguirán contando con un margen importante frente a la competencia externa, mientras que industrias que requieren insumos importados podrían experimentar una leve reducción de costos, aunque todavía por encima de niveles previos al conflicto.
La decisión también tiene implicaciones en el plano regional. Ecuador y Colombia forman parte de la Comunidad Andina de Naciones, un bloque que promueve la libre circulación de bienes. Las medidas unilaterales adoptadas en los últimos meses habían generado tensiones dentro de este esquema, por lo que el ajuste podría contribuir a reducir la presión sobre el sistema de integración.
A partir de junio, el comportamiento del comercio bilateral será un indicador clave para evaluar si este movimiento marca el inicio de una normalización o si se trata de un ajuste limitado dentro de una relación que sigue atravesada por tensiones estructurales.
