Con el aval de la Justicia, el interventor de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Alberto Biglieri, suspendió el polémico convenio entre el sindicato y la empresa USEM, vinculada con La Cámpora, que es objeto de una investigación a cargo del juez federal Julián Ercolini por la posible comisión de los delitos de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita.
La decisión del interventor rige desde el 15 de este mes y fue calificada como una “medida preventiva y de conservación patrimonial” ya que en la causa gira en torno de la administración de millonarios fondos sindicales provenientes de los aportes de trabajadores: se estima que USEM recaudaba más de 100 millones de pesos por mes provenientes de unos 200 mil afiliados.
Una de las accionistas y directoras de USEM es María Soledad Calle, una militante camporista a quien Abel Furlán, el desplazado líder de la UOM, le dio trabajo en relación de dependencia y la designó en importantes cargos en nombre del gremio a los que no llegaban ni los miembros del secretariado de la UOM.
El nombre de Calle, que fue echada de su puesto por Biglieri en junio pasado, cobró notoriedad en las últimas horas porque, según el diario La Nación, compró el departamento de abajo de Cristina Kirchner en San José 1111 a un precio de US$189.000.
De acuerdo con la información publicada por ese diario, “Calle incrementó su patrimonio de manera vertiginosa después del contrato con la UOM: el 8 de agosto de 2025 adquirió el 50 por ciento de un BMW M135 X Drive, un vehículo de lujo valuado en US$ 70.000. Y el 20 adquirió el primer piso de San José 1111″.
Consultada por el tema, la militante camporista, empresaria y ex empleada de la UOM dijo: “No compré nada. Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asigna, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida”.
Calle, ex concejal de Campana, es investigada junto con Furlán en su condición de accionista y directora de USEM luego de una denuncia presentada el 27 de febrero por opositores al ex titular de la UOM en la Seccional Zárate-Campana. Allí se apuntó que, mediante el contrato con USEM, la UOM habría cedido a esa firma el control operativo y financiero del 80% de los aportes sindicales, incluyendo facultades para abrir cuentas bancarias, ejecutar pagos y administrar recursos del sindicato.
Según la denuncia, “el acuerdo habría establecido como contraprestación honorarios equivalentes al 0,5% de todo lo recaudado por cuota sindical —estimados en más de 100 millones de pesos mensuales— y una duración contractual de 10 años, con una cláusula que permitiría únicamente a la empresa rescindir el vínculo”.
Biglieri, designado como interventor en la UOM por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, asumió el 22 de mayo pasado ante las irregularidades detectadas en las elecciones de la Seccional Zárate-Campana y una de las primeras medidas fue despedir a Calle, entre otros estrechos colaboradores de Furlán.
La carta documento dirigida a Calle para desvincularla de la UOM fue enviada el 5 de junio, pero tuvieron que mandarle otra comunicación similar el 23 de ese mes debido a que estaba cerrado el domicilio que figuraba en el legajo que poseía como empleada del gremio.
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