La Unión Industrial Argentina y la Confederación General del Trabajo, que expusieron por la Argentina en la 114 Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra, en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la agencia de Naciones Unidas en en temas laborales, chocaron fuertemente en ese foro internacional.
El presidente de la UIA, Martín Rappallini, desarrolló en su intervención la necesidad de adaptación a las nuevas tecnologías y de mejorar la productividad para hacer que la economía crezca, se creen puestos de trabajo y se reduzca la pobreza. “La tecnología por sí sola no genera bienestar; lo hace cuando aumenta la productividad y se transforma en inversión, empleo y salarios mejores”, dijo, y recordó que en la Argentina “llevamos 15 años sin crecimiento del empleo privado, y la informalidad laboral se encuentra en torno al 43 por ciento”.
En ese contexto, siguió, “en la industria, en las exportaciones y en todas las actividades transables, los precios y los estándares de calidad se definen globalmente. La competitividad deja de ser una opción para convertirse en una condición de supervivencia (…). En nuestro país, este ha sido el espíritu de la Ley de Modernización Laboral. Una norma que fue aprobada por el Congreso de la Nación con amplia mayoría y en total cumplimiento de nuestra Constitución Nacional. La ley 27.802 es un punto de inflexión, un paso concreto hacia la modernización de las relaciones laborales: promueve la contratación y la adecuación de los equipos de trabajo a las nuevas tecnologías, refuerza el sistema de riesgos del trabajo y genera previsibilidad jurídica para quienes quieren invertir y contratar. En Argentina estamos transitando un proceso de estabilización macroeconómica que consideramos necesario”.
El dirigente industrial afirmó que “la estabilidad, la lucha contra la inflación, la previsibilidad y el respeto por los contratos constituyen condiciones fundamentales para recuperar la inversión y la confianza” pero que “la estabilidad por sí sola no alcanza. La transformación tecnológica requiere también acceso al crédito productivo, particularmente para las pymes, cerrar brechas digitales, promover la capacitación continua de trabajadores y empresarios, e impulsar sistemas educativos cada vez más conectados con las nuevas habilidades que demanda el mundo del trabajo”.
El mensaje de la numerosa delegación de la CGT, no podía ser más diferente. Dirigiéndose al presidente de la Conferencia y al Director General de la OIT, Gerardo Martínez criticó tanto al gobierno como a la dirigencia empresarial. “En Argentina, el mensaje de la política sigue siendo la confrontación y el desprecio al que vive en la pobreza o al que trabaja en la informalidad. El Gobierno desatiende demandas urgentes en términos económicos y sociales. Los costos del ajuste profundizan la pérdida del poder adquisitivo y la precarización del empleo existe”, descerrajó.
El dirigente acusó al gobierno de desfinanciar la salud y la educación y no promover el empleo y atacó frontalmente la ley que elogió la UIA. “En connivencia con las administraciones provinciales, el Gobierno nacional aprobó la ley de reforma laboral propatronal, que elimina derechos que aplauden y celebran los empresarios oportunistas. Sabemos que esta ley tiene autores materiales e intelectuales”, dijo, en un lenguaje que sugiere la comisión de un delito.
Asistentes al evento internacional destacaron también que cuando se trató el caso argentino a partir de una denuncia impulsada por la CGT, por presuntos incumplimientos y deficiencias en materia de derechos laborales y mecanismos de control, la delegación sindical tuvo una actitud hostil y confrontativa y en un momento entonó a viva voz la Marcha Peronista, ante la sorpresa de los asistentes de otros países y fuera del clima habitual de las deliberaciones de la OIT.
El cotitular de la CGT, Jorge Sola, ya había denunciado “graves violaciones a los derechos laborales” y acusado al gobierno por la “demolición” de las protecciones laborales y Roberto Baradel, por la CTA y Ctera, denunció el deterioro de la institucionalidad “ y “el debilitamiento de las capacidades estatales destinadas a garantizar el trabajo decente y los derechos fundamentales de los trabajadores”.
Otro hecho llamativo fue que la dirigencia sindical decidió no asistir a la recepción que, como se hace habitualmente, ofreció a la delegación argentina, ofreció el el embajador argentino ante los organismos internacionales en Ginebra, Carlos Foradori.
En definitiva, en Ginebra y en un foro internacional en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); la CGT sacó a relucir su identidad partidaria y criticó frontalmente al gobierno y la dirigencia empresaria.
