La decisión de un tribunal federal devolvió la posibilidad de acceder a visas de inmigrante a ciudadanos de Nicaragua y Guatemala, luego de que la jueza Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, declarara “manifiestamente ilegal” la suspensión de visados impuesta por la administración de Donald Trump. Según EFE, la sentencia afecta a 75 naciones.
La jueza Vargas argumentó que el decreto fue una extralimitación en las competencias del gobierno y que la restricción se fundamentó en la presunción de que los solicitantes de los países afectados podrían convertirse en una “carga económica” para Estados Unidos.
“La prohibición es manifiestamente ilegal”, puntualizó la magistrada en su fallo, según recogió EFE. El tribunal identificó que la directiva ordenó negar visados incluso a personas que cumplían los requisitos y podían demostrar autosuficiencia, lo que contraviene la normativa actual del sistema migratorio estadounidense.
De acuerdo con la información divulgada por EFE, la suspensión de visados no solo impactó a Nicaragua y Guatemala, sino también a otros países latinoamericanos, africanos y asiáticos. La medida, vigente desde enero, generó incertidumbre y paralizó los trámites de miles de familias centroamericanas. EFE reportó que entre los demandantes figuraban profesionales colombianos y ciudadanos estadounidenses que denunciaron que la prohibición impidió el reencuentro con familiares en países como Guatemala y Etiopía.
La sentencia de la jueza Vargas obliga a revisar todas las solicitudes que fueron rechazadas únicamente bajo la directiva impugnada. “Esta decisión representa una victoria para los cientos de miles de familias en todo el país y el mundo cuyas vidas se vieron sumidas en el caos debido a la prohibición de visas, ilegal y discriminatoria, impuesta por esta Administración”, resaltó Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center, en declaraciones recogidas por EFE. Cuevas Ingram subrayó que el tribunal “dejó claro que las leyes de inmigración no pueden utilizarse para justificar la discriminación”.
La respuesta oficial y los países alcanzados
El Departamento de Estado estadounidense, consultado por EFE, evitó opinar sobre litigios en curso. No obstante, insistió en que “la Administración Trump protege al pueblo estadounidense al mantener los estándares más rigurosos de evaluación y verificación de los solicitantes de visas”. La medida, ahora anulada, abarcaba también a países como Brasil, Cuba, Haití y Uruguay, además de varios estados africanos y asiáticos.
La presidenta de Democracy Forward, Skye Perryman, también celebró el fallo y consideró que constituye “un rechazo contundente a una política ilegal y discriminatoria que causó un daño enorme a familias y comunidades de todo el país”. Perryman remarcó: “La Administración Trump-Vance no puede instrumentalizar la ley de inmigración para vetar a países enteros, separar familias y negar derechos garantizados por la Constitución sin rendir cuentas por ello”.
Según datos recogidos por The New York Times, diario estadounidense, la decisión judicial podría derivar en la revisión de miles de solicitudes ya procesadas desde enero. Familias nicaragüenses y guatemaltecas que habían visto truncadas sus posibilidades de reunificación o de migrar por vías legales podrían acceder ahora nuevamente al proceso estándar de evaluación caso por caso.
Las reacciones de organizaciones y expertos
La medida había generado reacciones entre organizaciones de migrantes y expertos en derechos humanos. Varias entidades subrayaron el impacto negativo que la suspensión provocó en las comunidades de Nicaragua y Guatemala, naciones que enfrentan condiciones sociales y económicas adversas y han visto un crecimiento en la demanda de visados para Estados Unidos en los últimos años. El fallo supone un giro para quienes buscan alternativas legales de migración y para las familias separadas por la medida.
